Las aguas siguen revueltas en el seno de la unión comarcal de CCOO. La asamblea de afiliados –como se ha autodenominado el colectivo que protagonizó un encierro de cinco meses a raíz del cese del abogado Gumersindo Cartelle–, ofreció ayer una rueda de prensa para dar a conocer la sentencia que desestima la denuncia por acoso que interpuso la otra letrada de la asesoría jurídica, María Veiga, contra el sindicato y su secretaria comarcal, Aurea Vázquez. Los “hechos probados” de la misma, al margen del fallo, llevan al colectivo a cuestionar “si estas conductas se corresponden con las que debe adoptar un dirigente sindical y si después de realizar tales acciones puede seguir dirigiendo una organización como esta”. 
El ex-secretario comarcal José Sanz, el histórico militante Ángel Porto y el propio Gumersindo Cartelle tomaron la palabra ayer en el pasillo de la sede comarcal, en una rueda de prensa para la que la central negó el uso del salón de actos y que contó con la presencia de más de una veintena de afiliados. Entre los “hechos probados” que destacaron están las manifestaciones de Emilio Pantín, que afirmó que si un trabajador demanda a su empresa está justificado su despido; las de José Luis Martínez Balsa, que advierte a la demandante de que si comete algún error tendría que pedirle perdón de rodillas, y la actuación de José Arenosa, que se puso en contacto con el Jefe de Personal de la empresa en la que trabaja el marido de la demandante con la pretensión de que se adoptasen medidas contra él por haber contestado, desde el correo electrónico de dicha empresa, a un mail del sindicato. 
La abogada María Veiga tiene intención de recurrir la sentencia y la asamblea de afiliados expresó ayer todo su apoyo a esta medida, al tiempo que reiteraban, una vez más, que el origen de este conflicto está en el rechazo de esta letrada y del que entonces era su compañero, Gumersindo Cartelle, al despido de diez trabajadores por parte de CCOO a través de la aplicación de la reforma laboral. 
Cartelle señaló ayer que en aquel momento María Veiga estaba en el comité de empresa que negoció con la central y que se significó en su oposición a dichos despidos y en la búsqueda de otras fórmulas que hiciesen el proceso menos traumático. “Eso tuvo sus contrapartidas –dijo Cartelle– y por esa razón están dispuestos a negociar con otros, con nosotros no”. 
En la rueda de prensa se recordó que también hay otras sentencias. Una de ellas da la razón a María Veiga y señala que le corresponde al abogado cobrar las costas; otra condena a dos dirigentes de la organización de Pensionistas y Jubilados por calumnias e injurias y otra declara nula la sanción impuesta a la abogada María Veiga, de suspensión de un mes de empleo y sueldo, y obliga a CCOO a indemnizarla con 6.251 euros, una cantidad que en opinión de la asamblea deberían asumir los dirigentes del sindicato.
“Queremos normalizar la situación, porque esto no puede seguir así”, dijo ayer Ángel Porto, que reconoció que la tensión se mantiene en el seno del sindicato y que no se ha abierto ningún canal de diálogo. La asesoría jurídica de Ferrol, señalaron, ha quedado tocada por el conflicto: antes había dos abogados a jornada completa y desde el cese de Cartelle se ha hecho un contrato mercantil con otra abogada que acude a media jornada y que cuesta 30.000 euros anuales.