El Jefe del Estado y la institución que encarna, por legado de su padre, son los principales perjudicados del intento de soslayar el delito fiscal cometido por el Emérito.

Nunca un hijo es responsable de los presuntas ilegalidades cometidas por su progenitor. Pero, el escándalo de la irresponsable conducta de Juan Carlos I, plantea dudas sobre la legislación que rige los deberes y derechos de la Monarquía.

Si el anterior titular de La Corona fue capaz de manejar esas ingentes cantidades de dinero negro, en paraísos fiscales, una vez que abdicó de su cargo (eso es lo que se deduce de los cinco millones que va a ingresar al fisco) cabe preguntarse cuánto patrimonio acumuló en sus años de mandato cuando era inviolable.

Esta semana el Congreso de los Diputados ha rechazado la pretensión de Podemos y los otros socios de investidura para modificar la ley que permite que cualquier acto del Jefe del Estado no pueda recibir sanción penal al ser su persona inviolable. Siendo una modificación necesaria, que se debería alentar desde Zarzuela, la bronca política hace imposible el acuerdo de los principales partidos. Otra cosa es que, en su estrategia de grandes gestos y poco contenido, Podemos haya encontrado un filón para demostrar su acérrimo republicanismo en la reprobable conducta del Emérito.

No ha pasado ni una semana desde el aniversario del 23F, en la que Felipe VI recordó el coraje de su antecesor para desmontar el golpe de Estado de Tejero y sus cómplices (por cierto, resultó curioso que en ningún momento de su discurso mencionara que, aquel del que estaba hablando de manera elogiosa, era su padre) para que una nueva regularización fiscal vuelva a sacudir los cimientos de la Institución. Es como si no hubiera tregua para el actual Jefe del Estado.

Precisamente, el acto en la Carrera de San Jerónimo, con la comida posterior de los líderes de los partidos políticos y demás instituciones del Estado con el Rey, significó una tregua de cordura en la convulsa vida parlamentaria actual. Y sirvió también para que medios de comunicación afines y amigos del Emérito reivindicaran su derecho a regresar del autoexilio en Emiratos Arabes. Ahora el “rechazo por estas conductas incívicas” manifestado por Pedro Sánchez hace muy difícil el inmediato retorno.

La política de absoluto silencio sobre el tema que practica Felipe VI, aún sabiendo las polémicas que generaría cualquier declaración por su parte, no contribuye a calmar la preocupación de la opinión pública. Si a eso se le suman los chantajes de su ex amante Corinna, amenazando de forma permanente con filtrar información comprometida y su “alianza de intereses” con el siniestro comisario Villarejo, el panorama para la Casa Real se asemeja a la tormenta perfecta.

Aún así el asunto es de tal gravedad que el Gobierno y la actual Jefatura del Estado deberían, con el apoyo de otras fuerzas constitucionales, planificar, de manera urgente, una estrategia de comunicación. Alguien tiene que dar una explicación a los españoles.