El juez de Instrucción número 31, Antonio Serrano-Arnal, notificará personalmente el próximo 11 de junio al ex ministro de Economía Rodrigo Rato el auto que ordena sentarle en el banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.

En este trámite procesal se realizará de forma personal "dada la naturaleza de la pena solicitada" para él por la Fiscalía Anticorrupción, que le reclama 70 años de cárcel. Servirá para darle cuenta también de su obligación de prestar fianza por un total de 65.132.961 euros.

Con este dinero, el magistrado trata de "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que pudieran imponerse a Rato en sentencia, y por ello se le hará el apercibimiento de que de no aportar esta cantidad en el plazo de un día "se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

Además de Rato, se sentarán en el banquillo otras quince personas y dos sociedades, una de ellas el bufete del abogado y socio de Rato Domingo Plaza.

Según el resultado de la instrucción de este asunto, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

FRAUDE DE MÁS DE 8 MILLONES
A lo largo de la investigación judicial, se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121,67 euros en esos ejercicios fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente 70 años de cárcel para el ex ministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones de euros. El Ministerio Público ha acusado a Rato de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.

Por los dos últimos delitos no será finalmente juzgado, según apunta el juez en su auto de apertura de juicio, por lo que Anticorrupción deberá ajustar su petición al final de la vista oral.

Tras conocer la decisión del juez instructor el pasado miércoles, Rato señaló en manifestaciones a Europa Press que responderá en julio, mediante el*escrito de defensa*que ya preparan sus abogados, a las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción por las que se le vuelve a sentar en el banquillo.