Las asociaciones vecinales de Caranza, Canido, A Magdalena y A Graña han respaldado públicamente la protesta que se llevará a cabo el jueves, a las ocho de la tarde, ante la estación de buses de Ferrol, para denunciar la situación de la conexión entre la ciudad naval y A Coruña. Animan a los vecinos a que se sumen a esta movilización, auspiciada por una plataforma de usuarios, que han creado una petición en Change.org (“Restablecer servicios y horarios del transporte público interurbano”) que tiene más de medio millar de firmas.

“Como representantes vecinales apoyamos, como no puede ser de otra forma, a todos los vecinos y vecinas que, por motivos varios, utilizan el transporte público y en la actualidad están sufriendo un retroceso significativo en la gestión del servicio”, afirman las asociaciones vecinales en un comunicado.

Las reclamaciones a la actual concesionaria de la línea entre las dos ciudades, Monbus, empezaron en el momento en el que cambió la concesión (que históricamente había gestionado Ideal Auto, reconvertida en Arriva). Sin embargo, han arreciado con el inicio del curso escolar, vinculadas a la ruta directa, con episodios en los que, ante la falta de capacidad de los autobuses, los viajeros deben esperar a la siguiente línea, sin que se refuerce el viaje en ese mismo momento.

Lo han denunciado de nuevo este fin de semana. “El viernes se quedaron tiradas 15 personas en A Coruña a las 13.30”, denuncia la plataforma. El sábado se repitió la situación con “15 personas tiradas en Ferrol y 20 en A Coruña a la misma hora. No les han dado ninguna solución. Personas con un billete en la mano se han quedado sin medio de transporte”. Explican que incluso han tenido que ir a buscarles en coches particulares porque “no tenían otro autobús hasta la tarde”.

Las denuncias de estos usuarios tienen que ver también con el incremento de la duración de los viajes al prolongarse las rutas y con la masificación de los autobuses.

Quejas continuas

La plataforma de usuarios recuerda que se han hecho llegar sus protestas a la Dirección Xeral de Mobilidade desde finales de diciembre de 2020, cuando cambió la concesión. Entonces les contestaban que el retraso en la respuesta se debía al elevado número de quejas y de sugerencias recibidas. ““En nueve meses de gestión, tanto la compañía como la Xunta disponen de datos para hacer una previsión de demanda”, alegan. Denuncian que se priman los beneficios empresariales frente a la calidad del servicio.

Los usuarios esperan que Xunta y municipios lleguen a una solución que quede recogida en los pliegos que debe cumplir la empresa. Asimismo, agradecen el apoyo de distintos sectores sociales, incluyendo a los partidos políticos, que les han mostrado su respaldo y que respetan “la decisión de no politizar esta plataforma”, que nace de los ciudadanos afectados y se rige por decisiones asamblearias.