La empresa Ence Energía y Celulosa prevé invertir más de 130 millones de euros en su fábrica de Pontevedra durante los próximos diez años, según recoge un informe que ha presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras el fallo del Tribunal Supremo sobre la legalidad de su concesión, avalando su continuidad en la ría de Pontevedra hasta el año 2073, la compañía anuncia que desbloqueará todas las actuaciones proyectadas en el complejo industrial.

El documento elaborado por Ence señala que estas inversiones, tanto recurrentes como singulares, "están diseñadas para continuar operando con los mejores estándares de calidad y sostenibilidad" en una fábrica que, según defienden, "es un ejemplo de bioeconomía circular".

La empresa se compromete además a reanudar su plan social, un programa de apoyo a entidades sociales de la comarca de Pontevedra dotado con un presupuesto anual de tres millones de euros "para fomentar la sostenibilidad, la educación, la innovación y el deporte".

Dentro de su proyecto industrial, Ence informa que continúa avanzando en la tramitación de su nueva planta en As Pontes, en la que producirá fibra reciclada a partir de cartón y papel recuperados, así como de celulosa virgen elaborada por la propia compañía.

La factoría, que la empresa quiere tener operativa en el año 2026, tendrá capacidad para producir unas 100.000 toneladas anuales y en ella se estima una inversión de unos 125 millones de euros, siendo el retorno esperado superior al 12%.

Posteriores fases del proyecto contemplan la instalación de una planta de cogeneración con biomasa certificada, que cubrirá todas las necesidades de calor y electricidad de la instalación, y de una línea para la fabricación de 30.000 toneladas anuales de productos papeleros.

Tras aclararse su futuro en Pontevedra, Ence avanza que presentará el próximo 28 de febrero los resultados económicos del cuarto trimestre de 2022 y sus cuentas semestrales, que incluirán el impacto contable estimado tras el comunicado del Tribunal Supremo.

La compañía detalla ante la CNMV que la reversión de los deterioros de activos y provisiones de gastos registrados como consecuencia de las sentencias de la Audiencia Nacional, tendrán un impacto positivo estimado de unos 169 millones de euros en su beneficio neto de 2022.