La pasada semana se hacía público el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el que rechazaban el recurso interpuesto por el Concello de Pontedeume contra el decreto que aprobó el documento de ordenación de los recursos del parque natural de As Fragas do Eume, un marco legislativo en el que se incluye el Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) de la zona que tanta oposición acumula por parte de los propietarios de los terrenos.

Desde la asociación en la que se integran han trasladado en un extenso comunicado de prensa su “rechazo” a la sentencia del Tribunal, alegando que “parece que estemos ante las argumentaciones reiteradas de la Consellería de Medio Ambiente” y comparándola asimismo con el “informe emitido por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural”.

Son varias las cuestiones que abordan, denunciando que “nunca hubo participación real” en el proceso de redacción del PRUX, que no se cumplieron los plazos de elaboración requeridos y que el borrador del documento es “un corta y pega del de otros parques naturales, hasta el punto de aparecer el nombre de otro de Galicia” en el texto. Asimismo, destacan que “sus generalidades provocan la incertidumbre de los propietarios” y que la zonificación “no fue consensuada”.

Indemnización

No obstante, el capítulo más controvertido para los vecinos de As Fragas es el referido a las indemnizaciones, criticando que “la Xunta incumplió desde el principio las obligaciones que la administración tenía hacia los propietarios por haberles limitado el uso de la propiedad sin compensación alguna, como sucedía en otras comunidades cuya declaración de parque es contemporánea a esta”.

Insisten en que, tras el fallo del TSXG, sienten que “la justicia no solo no nos ampara, sino que nos condena y castiga por no ceder a las decisiones claramente injustas de la administración y discriminatorias con los pequeños propietarios”, recordando que en 1994 los vecinos de Caaveiro que poseían las nueve hectáreas que rodeaban el monasterio se embolsaron únicamente 1,75 euros por metro cuadrado y reiterando que en el PRUX “no se regula ningún sistema de compensación económica” a los afectados.

“Caciquismo”

Exigen, por lo tanto, que se formalicen las indemnizaciones “justas y adecuadas” para las personas afectadas por las limitaciones de usos y aprovechamientos que se que se establecen en el PRUX “a semejanza de otros instrumentos similares, como el caso de Doñana”, considerando “incomprensible, desconsiderado y muy injusto que tengamos que recurrir a los tribunales para defender nuestros derechos frente a la administración”. Por todo ello, piden al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que “haga justicia ante el atropello que sufrimos desde hace casi 30 años” ante lo que ven como un “abuso de poder” y “caciquismo”.