“Hay gente que tiene habitaciones de sus casas completamente inutilizadas. También están así los garajes y los desvanes”, asegura José López, presidente de la comunidad de vecinos del edificio de Viviendas de Promoción Pública (VPP) de la Rúa Telleiras.

En este bloque naronés hay 35 viviendas, cinco en propiedad y la gran mayoría en alquiler. Los vecinos llevan luchando contra problemas de humedad, goteras y desperfectos “desde 2013 porque estos problemas vienen de defectos constructivos”, denuncia López, y a pesar de que “remitimos las actas de las reuniones y hemos puesto en conocimiento de las administraciones esta problemática”, asegura, “seguimos igual”.

En la última junta se aprobó requerir formalmente al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) que se lleven a cabo las reparaciones necesarias pero, por ahora, esta reclamación no ha tenido respuesta. 

Ante esta problemática, los afectados aseguran que “estamos hablando de condiciones insalubres”. López, que vive con su pareja y sus tres hijos, explica que esto podría llegar a ser un agravante para los problemas respiratorios del más pequeño de apenas año y medio. Piensa también en otras familias del bloque que actualmente no pueden usar alguna de las habitaciones porque “afecta gravemente a la salud”. Viviendas que a pesar de tener espacio para que cada pequeño, por ejemplo, tenga un dormitorio, en la realidad las grandes manchas de humedad y las filtraciones no lo permiten.

Otros, por ejemplo, ya no hacen uso de sus plazas de garaje a pesar de que paguen rigurosamente por ella mes a mes debido a las grandes goteras que se dan en el garaje. 

Vía judicial

La propietaria de los pisos en alquiler es la Xunta y a pesar de “reclamar de forma insistente” –López asegura que durante el mes de marzo realizó más de 20 llamadas al IGVS– se han topado con “pasividad e innación”. Teniendo estos precedentes se aprobó una derrama “para reclamar judicialmente lo que por derecho corresponde”, explica. Aún así, sigue reinando la incertidumbre si esta medida va a llegar a término, puesto que “la administración incumple sus obligaciones legales, y no ha abonado la parte que le corresponde de la derrama, haciendo imposible que se tome ninguna medida por esta vía por falta de fondos”.

De esta manera, continúan en Narón una serie de problemáticas que “han llegado a agravarse en algunos casos, hasta el punto de poner en peligro a los residentes”, expone López quien, además, asevera que “las intervenciones puntuales infructuosas del IGVS no han supuesto cambios sustanciales”. 

A la espera doce años después de que se vieran los primeros deterioros, los afectados solo piden "condiciones de habitabilidad dignas y seguras".