El Tribunal de Cuentas plantea que toda prestación o ayuda por desempleo, sea contributiva o no, se integre en los presupuestos de la Seguridad Social para reunificar en una única área administrativa la imputación presupuestaria de estos gastos y su pago material.

De esta forma, señala el órgano fiscalizador, se evitarían posibles disfunciones entre el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal y la liquidez de la Tesorería General de la Seguridad Social que, en todo caso, también podrían solventarse si las transferencias del Estado que recibe el SEPE para la cobertura de estos gastos tuvieran entrada en el circuito financiero de la Seguridad Social.

Esta es una de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su ‘Informe de fiscalización sobre el impacto económico producido por la crisis derivada del Covid-19 en las entidades y organismos del ámbito de la administración socio-laboral y de la Seguridad Social durante el ejercicio 2020’.

En sus recomendaciones, el Tribunal justifica que la propia Ley General de la Seguridad Social, la protección social forma parte de su sistema y su pago se realiza a través del circuito financiero de su Tesorería.

Según la fiscalización, la financiación recibida por estas entidades asciende a 38.802,6 millones de euros, de los que 36.502,6 millones se recibieron en la Tesorería General de la Seguridad Social y los 2.300 millones restantes en el SEPE, sin que Fogasa ni Muface recibieran financiación adicional para afrontar las ayudas.

Dos transferencias
En el caso de la Seguridad Social, la financiación recibida se materializó en dos transferencias corrientes por un total de 20.002 millones y un préstamo a diez años de 16.500 millones, mientras que la del SEPE se quedó en una transferencia corriente por 2.300 millones para cubrir sus defectos de crédito.

Una cuantía que el tribunal considera “insuficiente”, detectando insuficiencias presupuestarias respecto a las cuales el SEPE desconoce si se deben a costes asociados a la pandemia o no, al no contar con categorías para imputar estas ayudas.

En todo caso, el Tribunal señala que el SEPE recibió la liquidez asociada a esta transferencia en lugar de ser recibida en la Tesorería General de la Seguridad Social, que es el ente que ejecuta el pago material.

De todos los entes que soportaron gastos asociados a la pandemia y la crisis derivada de ella, el Tribunal estima un exceso de financiación estatal de casi 10.000 millones de euros (9.992 millones), que van desde un exceso en la Seguridad Social de 23.160 millones a un déficit de financiación de 13.126 millones en el SEPE.

El Tribunal explica esta situación por cómo se organiza la imputación de gastos e ingresos y del circuito de pagos y cobros de estas entidades, previsto en 
dos ámbitos institucionales distintos.