La dirección de Telefónica comenzará este lunes a negociar con los sindicatos el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha anunciado para sus tres sociedades en España -Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España-, donde trabajan unas 16.000 personas.

De momento, la dirección de la compañía no ha detallado el número de empleados que se verán afectados por esta medida, mientras que los sindicatos esperan que este mismo lunes lo desvele, según han informado a EFE fuentes sindicales.

Mañana, se constituirán tres mesas de negociación, una para cada una de las tres sociedades afectadas por esta medida.

Estas negociaciones irán en paralelo a la del convenio colectivo de los empleados de las tres sociedades y, de hecho, los sindicatos ya han advertido de que no aceptarán un acuerdo sin el otro.

El último ERE que planteó Telefónica se produjo en 2011, cuando despidió a más de 6.000 empleados, una medida que provocó un cambio de legislación.

A partir de ese ERE, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se estableció que las empresas con más de 500 trabajadores que tuvieran beneficios y acometieran un ERE para al menos un centenar de empleados deberían efectuar una aportación al Tesoro Público para compensar su impacto en el sistema de protección por desempleo.

Esta medida se conoció como "Enmienda Telefónica". El Gobierno, posterior, ya con Mariano Rajoy al frente, rebajó el tamaño de la empresa a 100 empleados.

Desde entonces, Telefónica ha optado por poner en marcha salidas de trabajadores a través de lo que se denomina PSI (Plan de Suspensión Individual) de empleo. Hasta tres planes de este tipo ha presentado la compañía, uno en 2016, otro en 2019 y otro en 2021. En total, han sido cerca de 11.000 empleados los afectados.

La diferencia entre un ERE y un PSI es que en este último caso el empleado sigue vinculado a la empresa, lo cual quiere decir que mantiene el seguro médico y el plan de pensiones, entre otros; y también que se le puede llamar a trabajar en cualquier momento. Con el ERE quedaría desvinculado de la compañía.

Este ERE se anuncia poco después de que la dirección de la empresa haya desvelado su plan estratégico hasta 2026. Los sindicatos quieren que el convenio colectivo que se negocie tenga una duración mínima de tres años, con el fin de blindar las condiciones laborales y económicas de la plantilla.

Se han marcado como líneas rojas que los empleados mantengan el nivel adquisitivo y, entre otras reivindicaciones, figuran las 35 horas semanales.