La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, ha señalado que "de momento" no está planteado abrir una negociación para abordar subidas salariales de los empleados públicos.

En declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados antes de su comparecencia en la Comisión de Hacienda, Lidia Sánchez ha subrayado que ahora están "centrados" en los planes de respuesta a la guerra de Ucrania y el impacto de la inflación.

"De momento no se está planteando nada, ahora estamos centrados en que lo que es coyuntural no se convierta en estructural", ha respondido respecto a si van a iniciar las negociaciones sobre los salarios de los empleados públicos de cara a 2023.

Preguntada también por una posible compensación por la pérdida de poder adquisitivo -este año los sueldos de los empleados públicos han subido un 2 %- ha insistido en que todo podría entrar en una negociación posterior pero que ahora "no es el momento".

Esta misma mañana, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha insistido en que la subida salarial de los empleados públicos se acordó en un momento diferente al actual "por lo que se deben abrir las mesas de negociación" y que, de lo contrario, se harán movilizaciones

CCOO y UGT ya anunciaron la semana pasada movilizaciones en la Función Pública si no se abría esa convocatoria para un nuevo acuerdo en materia salarial, empleo y derechos.

También la semana pasada, y convocados por CSIF, empleados públicos y funcionarios del Cuerpo de Policía se concentraron en varios puntos del país para exigir una mejora en su remuneración y en sus condiciones laborales.

EL REAL DECRETO DEL TELETRABAJO, PREVISTO PARA JUNIO

Durante su comparecencia, Sánchez ha señalado que a lo largo de este mes de junio esperan tener listo el real decreto sobre el teletrabajo en la Administración y ha avanzado que se está ultimando el borrador de la ley de Función Pública con el objetivo de tenerla aprobada este 2022.

Cuando esté aprobado ese real decreto de teletrabajo, ha señalado, esa será la norma que prevalezca sobre las medidas de urgencia aprobadas la semana pasada para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania.

En cuanto al objetivo de la comparecencia -informar del anteproyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas- Sánchez ha defendido que esta norma busca "un cambio cultural en la gestión de lo público" y poder "rendir cuentas" ante los ciudadanos.

Ha explicado que habrá evaluaciones previas y posteriores de las políticas públicas y se reforzará la formación para los empleados públicos para ello.

"No suple la acción pública sino que la analiza y la mide", ha defendido la secretaria de Estado de Función Pública ante algunas críticas de la oposición sobre quién va a realizar estas evaluaciones y qué otras medidas se van a tomar para mejorar la calidad de los servicios que presta la Administración.

Antes de la comparecencia, PP y Vox han criticado que no haya sido la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, la que haya acudido este martes a la Comisión de Hacienda y Función Pública.