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martes | 26 noviembre | 2024
El Ministerio de Vivienda pretende acotar los alquileres temporales como vía para ayudar a controlar los pisos turísticos y su efecto en un mercado en el que cada vez es más difícil garantizar el acceso a una vivienda digna a precios asequibles.
"El alquiler turístico estás suponiendo, junto con el uso fraudulento del alquiler de temporada o el habitacional una presión insoportable sobre los precios del alquiler residencial en las zonas tensionadas que expulsa a los jóvenes, impide la movilidad laboral", ha resumido Carlos Bravo, representante de CCOO en el grupo de trabajo creado para regular el alquiler temporal.
La reforma que ha expuesto en Ministerio durante la reunió que ha tenido lugar este miércoles del citado grupo de trabajo prevé obligar a indicar en los contratos los motivos que llevan a las partes a optar por un alquiler temporal, pensado para estudiantes, profesionales trasladados temporalmente o personas que necesitan tratamientos médicos, por ejemplo.
Así lo ha avanzado este miércoles la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que también ha apuntado que estos contratos tendrán que registrarse en una plataforma que el Ejecutivo pretende tener lista antes de 2025, donde se centralizarán las distintas modalidades de alquiler.
En esa plataforma se tendrían que registrar los contratos temporales de corta duración, es decir, los de temporada, los turísticos, las habitaciones o incluso las embarcaciones flotantes.
La idea es que estos cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) puedan estar listos antes que la plataforma de registro único, una propuesta europea que Bruselas pretende implementar en 2026, aunque el Gobierno español quiere adelantarse a ese límite. Vivienda quiere dar toda la celeridad a este real decreto en las próximas semanas.
"Tenemos que proteger del fraude a quienes realmente necesitan este tipo de contratos para desarrollar su vida laboral y proteger también a aquellas personas que necesitan residencia habitual y se están viendo forzadas a una situación de incertidumbre e inseguridad constante", ha dicho la ministra.
Según el portal inmobiliario Idealista, la oferta de alquileres de temporada se disparó un 56 % en el primer trimestre del año hasta representar el 11 % del total.
Sin embargo, para la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) ese incremento se debe a la "inseguridad jurídica" provocada por la Ley de Vivienda, que ha originado una "drástica reducción" del alquiler residencial.
A su juicio, “no hay un problema de fraude con el alquiler temporal, sino de inseguridad jurídica y sobrerregulación a la hora de firmar un contrato de alquiler residencial, lo que está provocando el trasvase de un tipo de alquiler a otro", explica esta agrupación.
Además, el Ejecutivo pretende modificar otra normativa, la Ley de Propiedad Horizontal -la que regula las comunidades de propietarios-, para que sean los vecinos quienes puedan autorizar o vetar pisos turísticos en sus fincas.
Se busca también que el alquiler turístico sea una actividad económica más y tenga los mismos criterios fiscales, entre ellos que soporten un Impuesto de Valor Añadido (IVA).
"Con este drama no se puede mirar hacia otro lado y tenemos que actuar todos", ha dicho la ministra, que ya ha comenzado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios a fin de asegurar los apoyos necesarios para esta modificación legislativa.
"Nos reuniremos también con los sectores económicos y sociales para que todos participemos en la respuesta", ha explicado a la prensa tras la reunión que ha mantenido con el grupo de trabajo para la regulación del alquiler de temporada.
La estrategia del Gobierno no convence a todos. Los Sindicatos de Inquilinos consideran que las medidas son ineficaces, perpetúan prácticas abusivas y no ofrecen una protección adecuada para los arrendatarios.
Temen que la plataforma propuesta por el Ministerio y en la que se recogerán este tipo de alquileres sea un sistema encubierto de licencias y apuntan que el hecho de tener que justificar la causa que motiva el alquiler temporal deja fuera a quienes necesitan una vivienda de uso habitual.
Los sindicatos piden ir más allá y regular también el alquiler de habitaciones y el "coliving", en una propuesta que cuenta con el apoyo de los socios de izquierda y nacionalistas del Gobierno.
La Federación de ASociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei), que forma parte del citado grupo de trabajo, también ha abogado por diferenciar entre arrendamientos de larga duración y cualquier otra tipología de alquiler en los métodos de búsqueda de viviendas en alquiler de los portales inmobiliarios.
“Si todos los alquileres son tratados por igual y se incluyen en el mismo grupo, es lógico que se produzca una distorsión al alza de los precios medios de los alquileres de larga duración. Se ha de diferenciar entre tipologías de alquiler para no confundir al consumidor final”.
Por su parte, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) ha solicitado al Ministerio que se respete la autonomía de los ayuntamiento a la hora de regular el mercado del alquiler temporal, siguiendo las directrices de la jurisprudencia europea y el Tribunal Supremo.
