El diputado del PP Alberto Casero ha admitido ante el instructor del Tribunal Supremo "irregularidades administrativas" en las adjudicaciones de cinco contratos públicos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres), pero que ni mucho menos incurrió en una prevaricación o malversación de caudales públicos.

Casero ha comparecido esta mañana ante el instructor del procedimiento Andrés Palomo que le había citado para prestar declaración voluntaria, que permite eludir el trámite del suplicatorio al Congreso.

Fuentes jurídicas han informado de que durante su declaración, que ha durado aproximadamente hora y media, el diputado popular ha reconocido que hubo "irregularidades administrativas" en la tramitación y concesión de esos contratos pero que ni mucho menos se puede considerar que sus actos fueran merecedores de un reproche penal. No hubo, según las fuentes, ni prevaricación ni malversación.

A su salida, Casero ha dejado claro ante los medios que hasta la fecha "no ha dicho nada" sobre esta causa y va a "seguir sin decir nada", si bien ha destacado que ha venido a declarar voluntariamente porque "no había nada que ocultar" y porque "podía aportar cuestiones nuevas que aclararan las dudas" al fiscal y al juez.

"Creo que ha ido bien, una declaración con normalidad, en la que he dejado claro cuestiones que tanto la fiscal como el juez entendían que había que aclarar (...) y a partir de ahora a esperar la decisión de la Justicia con toda la confianza del mundo", ha añadido el diputado.

Preguntado sobre cómo ha abordado ante el juez la cuestión de los contratos, Casero ha dicho que "todo está explicado" y que así se lo ha trasladado al magistrado instructor con "absoluta normalidad y conforme a lo que evidentemente tenía preparado", pero insistiendo en que públicamente no va a entrar en el fondo del asunto.

El Supremo abrió causa contra Casero tras recibir la exposición razonada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo (Cáceres) por un presunto delito de prevaricación, si bien la Fiscalía ve indicios también de malversación.

El Juzgado de Trujillo abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados por Alberto Casero, en su condición de alcalde de Trujillo, en 2017 y 2018, con terceros.

Será el Supremo el que tenga que dilucidar ahora si Casero, como alcalde trujillano (2011-2019), adjudicó hasta cinco contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la ley de contratos públicos, contratos que terminaron judicializados por los impagos del consistorio, como relata el escrito de la jueza, que respalda la fiscalía del Supremo.