La Audiencia Provincial de A Coruña condenó esta mañana a 53 años de prisión a cada uno de los miembros de un matrimonio residente en Narón, acusado de delitos contra la salud pública, inmigración ilegal y trata de seres humanos con fines de explotación sexual. El órgano judicial considera probado, por los testimonios de las testigos protegidas, de los agentes encargados del caso y las pruebas periciales recabadas, que la pareja, al menos desde 2019, dirigía un grupo criminal con raíces familiares en Paraguay que se dedicaba a captar a mujeres jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad, principalmente en dicho país y en Colombia, para ejercer la prostitución en pisos del municipio naronés y Ferrol.

Así, si bien las víctimas sabían de antemano que se dedicarían a esta práctica, las condiciones vitales e higiénicas bajo las que estaban forzadas a vivir distaban mucho de lo que les habían dicho. Tal y como relata el escrito de la sentencia, las mujeres adquirían una supuesta deuda de entre 5.000 y 7.000 euros que debían pagar lo antes posible, estando obligadas a realizar hasta una treintena de servicios diarios sin posibilidad de descanso o de rechazar clientes.

Asimismo, las víctimas debían vender, si el cliente lo requería, viagra y cocaína, e incluso a consumir esta última para poder soportar las duras condiciones que les imponían. Del mismo modo, sus entradas y salidas de los pisos estaban controladas por el matrimonio u otras dos acusadas –una madre y su hija, amiga la primera de la principal encausada– y estaban obligadas a estar disponibles en todo momento.

Durante las sesiones anteriores del juicio, la pareja negó los hechos, afirmando que solo ayudaban a las víctimas a ejercer, gestionando el teléfono, sus perfiles en páginas de contactos y los pagos bancarios, pues las mujeres, en situación irregular, no podían abrir sus propias cuentas. De igual forma, afirmaron que las drogas pertenecían al hombre, que era consumidor habitual. No obstante, efectos encontrados en los pisos registrados, como dos carpetas con las cuentas de los diferentes servicios o el sistema de almacenaje por monodosis de los estupefacientes, echaron por tierra el argumento.

Por otra parte, la mayor de las dos colaboradoras fue condenada a 25 años.