Paloma, una de las hijas del banquero Emilio Botín, y su esposo han pasado de investigados a posibles estafados por la compra de una escultura de una leona íbera del siglo VI antes de Cristo, supuestamente procedente del expolio de un yacimiento arqueológico, a unos anticuarios que traficaban con arte.

El matrimonio fue inicialmente imputado por la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, a raíz de una investigación por tráfico de arte centrada en dos conocidos anticuarios de la capital catalana que fueron detenidos en marzo de 2018, en el marco de una operación contra el comercio de obras expoliadas por el Dáesh en Libia.

La leona, junto a las esculturas de dos toros también íberos, estaban siendo buscadas por la Policía desde el año 2017, después de que unos anónimos alertaran de que las tres piezas, valoradas en un millón y medio de euros, habían sido expoliadas en un yacimiento arqueológico situado entre las provincias de Jaén y Córdoba.

Las investigaciones no dieron fruto hasta que, en los registros y escuchas telefónicas ordenados en el marco de la Operación Harmakhis, en la que fueron detenidos un anticuario y un marchante de arte de Barcelona, la Policía encontró datos y fotografías de las piezas íberas que apuntaban a que la leona había sido comprada por una hija de Botín.

Los anticuarios fueron detenidos, junto a otras tres personas, en el marco de una operación dirigida por la Audiencia Nacional por la importación irregular de obras de arte a terceros países, entre ellos mosaicos, sarcófagos o piezas de origen egipcio, algunas procedentes de yacimientos situados en una zona de Libia que estuvo bajo control del Dáesh entre 2011 y 2016.

Por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, la valiosa escultura fue intervenida a Paloma Botín y su esposo en un depósito donde, supuestamente, la guardaban para restaurarla, y ello motivó la imputación de la pareja ante las sospechas de que habían comprado la escultura a sabiendas de su procedencia ilícita.

Sin embargo, el matrimonio ha aportado al proceso judicial documentos suficientes para que la Fiscalía haya concluido que compraron la escultura de "buena fe", por lo que no se opuso a la petición de la defensa para que se archivara la investigación.

La jueza ha exculpado a la pareja y les ha permitido personarse en la causa como perjudicados, ante los indicios de que pudieron ser víctimas de una venta fraudulenta.

Entre las pruebas esgrimidas por los compradores de la escultura, figuraba un documento sobre la pieza de la leona fechada en 1975, diez años antes de que se aprobara la Ley de Patrimonio Histórico español que prohíbe vender los objetos artísticos o arqueológicos considerados de dominio público, con lo que sí podría ser lícita su comercialización.

La investigación se centra ahora en determinar si ese documento es auténtico y cuál es la fecha y lugar de procedencia de las esculturas, así como en el análisis de un informe que los anticuarios presentaron a la pareja y que demostraba que las piezas habían sido objeto de unos trabajos de restauración a mediados del siglo pasado.

Uno de los indicios que cuestionan que la leona y los toros íberos fueran hallados antes del año 1985 es que en las imágenes intervenidas en los móviles de los anticuarios imputados las esculturas aparecían cubiertas de tierra y polvo, lo que apunta a que habrían sido halladas recientemente y fotografiadas antes del proceso de restauración.

La causa judicial sigue abierta contra los anticuarios por un delito de blanqueo de capitales en la venta de una escultura íbera y la incautación de otras tres y, de confirmarse que la operación de la leona era fraudulenta, la hija del banquero y su esposo podrían reclamar indemnizaciones a los traficantes de arte.