La titular del Juzgado de Instrucción Número 22 de Madrid, Patricia Jiménez-Alfaro, acordó archivar las diligencias de investigaciones que se incoaron el pasado 4 de febrero al considerar que no hubo delito informático en la votación del Congreso por la que se aprobó la reforma laboral –con un voto de diferencia– después de que el diputado del PP Alberto Casero votara a favor.

En un auto de 15 de febrero, la juez dio cierre a la causa al estimar que “no resulta debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna”.

Fuentes jurídicas confirmaron que el abogado que presentó la denuncia –Esteban Gómez Rovira– ya interpuso recurso.

Informe del Congreso

La decisión de la magistrada tiene lugar días después que los letrados de la Cámara Baja descartaran que hubo un fallo del sistema informático y confirmaran que el voto de Casero fue válido y, por ende, no cabía su revocación aunque él se equivocara.

La titular del Juzgado dio por finalizado el recorrido de la denuncia que presentó Gómez Rovira, quien solicitó a la Guardia Civil que accediera al domicilio del diputado del PP y al Congreso “para proceder al análisis de terminales y sistemas necesarios”.

Gómez Rovira interpuso dicha denuncia después de que Casero y el PP alegaran que se había producido un error informático en el voto telemático que emitió desde casa. El Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, de guardia el 4 de febrero, abrió diligencias para determinar si había habido un delito informático o no.

Se da la circunstancia de que por error en un primer auto el juzgado señaló que el denunciante era el propio Casero, algo que fuentes jurídicas se encargaron de desmentir ese mismo día, apuntando a un posible error a la hora de redactar la resolución.

Meras sospechas

El juez de guardia dio traslado al Ministerio Público para que se pronunciara al respecto de las diligencias solicitadas. Ante tal petición, la Fiscalía presentó un informe en el que se opuso al no considerarlas urgentes. Posteriormente, el instructor acordó que no era el momento para entrar al domicilio de Casero o en el Congreso basándose en “meras sospechas”.

Así las cosas, el juez envió la investigación a reparto en los Juzgados de Plaza de Castilla y recayó en la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 22 de Madrid, quien archivó ahora las diligencias.

Ante la resolución de la magistrada, el abogado pesentó recurso de reforma y ha pedido a la titular del Juzgado que acuerde la declaración testifical de Alberto Casero.

“Nada tan sencillo como el hecho de que el diputado, que no se ha pronunciado todavía sobre si existió un error humano, declare si verificó, con la firma electrónica y ratificando por segunda vez, que voto no, aunque el recibo digital señalara sí y que por eso entró en el sistema hasta cinco veces hasta las 17.55 horas, entendiendo que lo hizo porque debía comprobar tal supuesto error”, señaló el letrado en un escrito en que se opone al archivo.

En este sentido, Gómez Rovira ha precisado que de ser “rotundo” el testimonio de Casero, se deberá realizar “un examen informático independiente”.