El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, acordó abrir diligencias para investigar si hubo un error informático en la votación del real decreto de la reforma laboral este jueves en el Congreso, según fuentes jurídicas.

El magistrado adoptó esta decisión tras admitir la denuncia del abogado Esteban Gómez Rovira, por un presunto delito informático en la votación de la reforma laboral, que salió adelante por un error del diputado popular Alberto Casero.

Sin embargo, el juez rechazó la medida cautelar solicitada por el denunciante para que la Guardia Civil acuda al domicilio del diputado del PP y al Congreso “para proceder al análisis de terminales y sistemas necesarios para investigar el presunto delito”.

En el auto, el juez señala que la Fiscalía se opuso porque “no existe urgencia para la práctica de estas diligencias”, todo ello “sin perjuicio de que pueda ser adoptada en el curso del procedimiento por el juez competente”.

El titular del Juzgado de instrucción número 47, que se encontraba de guardia cuando se presentó la denuncia, remitió el asunto a reparto.

El juez al que corresponda investigar el procedimiento, añadieron las mismas fuentes, decidirá sobre estas diligencias.

El PP anunció que va a recurrir ante la Mesa del Congreso y el Tribunal Constitucional la votación por la que se convalidó la reforma laboral por un solo voto de diferencia emitido telemáticamente por el diputado popular.

El partido asegura que Alberto Casero votó no, pero se contabilizó como un sí. Insiste en que el parlamentario acudió al Congreso para alertar de lo ocurrido, donde no se le permitió entrar en el hemiciclo.

Precisamente, el PP y el PSOE se enzarzaron ayer en un duro enfrentamiento a cuenta de la votación y mientras los socialistas ven connivencia de la derecha con los dos diputados de UPN que cambiaron el sentido del voto para hacer decaer la norma, los populares insisten en que hubo “pucherazo” en el Parlamento.

Acusaciones

El error del diputado del PP, que ayer remitió un escrito a la Mesa del Congreso reiterando que su voto fue un “no”, levantó en armas al Ejecutivo y a la plana mayor del PP. Los barones salieron en tromba para asegurar que fue un “fraude” y que el Ejecutivo “manipula” la democracia.

“Es un fracaso para Sánchez que la medida estrella de su legislatura haya tenido que aprobarse con este pucherazo parlamentario”, aseguró el líder del PP, Pablo Casado, horas antes de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, le acusase de utilizar “todo tipo de artes” para tumbar la reforma con dos “tránsfugas”.

“Es un caso de transfuguismo de libro”, criticó Bolaños al recordar que los diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, votaron en contra de la directriz de su partido y “mintieron” durante todo el día (por el jueves).

“Yo lo que digo es que en el mismo segundo que se hizo público el resultado, los diputados del PP y Vox aplaudían enfervorizados mirando a los diputados de UPN”, afirmó en la Sexta dejando entrever que podría haber habido un pacto de la derecha con estos parlamentarios.

Dos diputados cuya dirección en Navarra ya les pidió el acta porque “no representan a UPN y no pueden seguir” en el partido, aunque en declaraciones a Efe Sergio Sayas avisó de que no dejará el escaño porque hizo lo que “la inmensa mayoría de los votantes de UPN hubiese esperado que hiciéramos”.

“Cesiones internas”, considera el ala socialista del Gobierno que reprocha la poca seriedad de los dos parlamentarios que faltaron a su palabra, mientras la parte de Podemos guarda silencio.

Críticas más allá del caso

Las críticas del Gobierno y de los socialistas van más allá de este caso y consideran que el PP y Vox quisieron dar un “golpe” contra el interés general de España, de los trabajadores y de las empresas.

“Ayer (por el jueves) ellos después de utilizar todo el tipo de artes no consiguieron una derrota y hoy (por ayer) están intentando retorcer el reglamento”, se refiere Bolaños al PP, que afirmó que al margen de que fuera un error técnico o humano, la presidenta del Congreso “ha quebrantado el derecho a voto”.

Los populares se agarran a la resolución que aprobó el Congreso en 2012 al señalar que el diputado no recibió ninguna llamada para confirmar su voto y que se dirigió a la Mesa de la Cámara cuando se percató de que había un error para que se reuniera, algo que no ocurrió.

El PP presentó hasta tres escritos a la Mesa, el del propio afectado, Alberto Casero, que reitera que fue un error informático, otro que pide la convocatoria urgente de la Mesa y un tercero que reclama que no se publique todavía la votación del pleno. No obstante, avisan de que llegarán hasta el Tribunal Constitucional.