El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se plantea un escenario distinto a agotar la legislatura pese a los apuros vividos para aprobar su plan de medidas anticrisis, y se esforzará para llegar a diciembre de 2023 de la mano de sus socios habituales, incluido ERC, porque no contempla otra alternativa.

“Nada está siendo fácil desde la investidura, pero se han ido superando los obstáculos y así seguirá siendo”, afirmaron fuentes del Ejecutivo tras una semana en la que han tenido que multiplicar los contactos para que el decreto con las iniciativas que pretenden hacer frente a los efectos económicos y sociales de la guerra en Ucrania fuera convalidado por el Congreso.

La votación dejó patente que el rechazo de Esquerra a la reforma laboral (que el Gobierno salvó por un solo voto gracias al error del diputado del Partido Popular Alberto Casero) no fue algo puntual, sino que, agravada la situación por el supuesto espionaje a dirigentes independentistas, este partido dio la espalda al decreto anticrisis y amenaza con mantener esa actitud si no se asumen responsabilidades por las escuchas.

En Moncloa lamentan que ERC ligue este asunto a cuestiones de interés general como las que han podido prosperar gracias a la convalidación del decreto, y echan en falta una actitud más “madura” de sus dirigentes pese a reconocer que están condicionados por la presión que ejerce el partido de Carles Puigdemont para romper puentes con el Gobierno.

Confianza

Admiten que la relación se complicó con el supuesto espionaje y, pese a respaldar plenamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, asumen que su intervención esta semana en el pleno del Congreso sobre este asunto “no ayudó” a rebajar la tensión.

Pero hay confianza en que se puedan aclarar los hechos en la comisión de secretos oficiales del Congreso y eso permita apaciguar ánimos y volver a contar con ERC.

“Lo que han que tener claro los socios de la investidura es que el Gobierno busca siempre anteponer el acuerdo con ellos, y aunque está abierto a dialogar con todos los grupos, no va a dar prioridad a la geometría variable”, aseguraron la fuentes. Esa denominación define la búsqueda de mayorías distintas en función de los asuntos de que se traten.

En el Ejecutivo están satisfechos del papel jugado por Bildu en la votación del decreto anticrisis ya que su respaldo permitió que saliera adelante, y restan importancia al uso que de esa circunstancia, con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, pueden hacer partidos como el PP o Vox.

Unas formaciones que “por paradójico que pueda parecer (afirman) han demostrado menos sentido de estado y han buscado sólo un interés partidista”. Para apuntalar el argumento de que la prioridad es seguir pactando con los socios habituales, en el Gobierno se asegura que el ofrecimiento de tramitar el decreto anticrisis como proyecto de ley no respondía a la petición que en ese sentido realizó el PP (cuyo cumplimiento fue insuficiente para evitar su rechazo) sino a las realizadas por otros grupos durante las negociaciones.

Sin embargo, Moncloa deja claro que está abierta a acuerdos con el Partido Popular que en absoluto van en contra de la hoja de ruta progresista marcada al comienzo de la legislatura e insta a Alberto Núñez Feijóo a demostrar que, pese a “calcar” la posición de Pablo Casado no apoyando el decreto anticrisis, dé muestras de que algo ha cambiado.