El diputado nacionalista Mon Fernández ha denunciado en el Parlamento de Galicia la situación del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Souto de Leixa, trasladada al grupo por familiares de los residentes y por el cuadro de personal. El BNG presentó de urgencia una proposición no de ley para su debate en comisión en la que insta a la Xunta a recuperar la gestión pública del centro. Además, también dirigió varias preguntas para respuesta oral relacionadas con la situación administrativa y con la atención que presta en la actualidad la empresa Clece.
 

“Esta concesión foi adxudicada a finais do ano 2010 por un prazo inicial de tres anos”, explica Fernández. Desde entonces “as queixas das familias das persoas residentes, e mesmo do cadro de persoal, veñen sendo continuas”. Las más recurrentes, indican en la exposición de motivos, se refieren al deterioro de las instalaciones, el insuficiente personal para atender a las personas residentes, la falta de formación, las malas condiciones de trabajo y a deficiencias graves de las condiciones básicas propias del servicio de la residencia, de la atención sanitaria o psicosocial.
 

Estas anomalías, denuncia el BNG, “provocan abandono e rotación nos postos de traballo e xa ten sido obxecto de denuncia por parte do Comité de empresa, afectando ademais á calidade da prestación do servizo”.
 

Por parte de los familiares, Mon Fernández recoge quejas respecto a pasar frío y hambre, llegando incluso a dormir vestidos, de que llegan a los domicilios con ropa de otras personas, sobre descontrol en la medicación, incidentes con lesiones y también “das tremendas dificultades que a dirección do centro impón para o acceso ás instalacións, do mesmo xeito que lles impide falar co persoal, nun exercicio de oscurantismo que non fai máis que aumentar a preocupación dos titores e titoras legais polo ben estar dos seus familiares”.
 

El BNG pregunta por la licitación que no volvió a hacerse desde 2010, por el estado de las instalaciones, el ratio de cuidadores, las condiciones de seguridad, las medidas de acceso, las muertes y lesiones en los últimos dos años, las personas bajo tutela de la Xunta, la falta de uso del vaso terapéutico o la valoración de la atención psico-social.