El BNG de Ferrol solicitó ayer al ejecutivo central que “reflexione” sobre su intención de sacar adelante una nueva reforma laboral en lugar de derogar las anteriores, recordándole que cuenta con suficiente “apoyo político” en el Congreso de los Diputados para ello. La formación ferrolana, que inició ayer una campaña de reparto de información sobre la nueva norma, criticó duramente al Gobierno de coalición, aseverando que “non quere” derogar la mencionada norma pese a ser una de sus principales promesas electorales.

Así, el portavoz de la agrupación municipal, Iván Rivas, aseguró que la nueva reforma comparte buena parte del contenido de la anterior –recordando que el actual presidente del Partido Popular afirmó que “o 80% desa reforma era a que eles desenvolveron– y que se encuentra avalada “polas grandes empresas”.

Motivos

Rivas, durante su comparecencia ante los medios, señaló que la derogación era “fundamental” por tres motivos: Por un lado, apuntó, porque las reformas de 2008 y 2012 permiten “abaratar e facilitar o despido dos traballadores”, además de “reducir os días de indemnización polos despidos improcedentes” y “elimina os salarios de tramitación”. Para el nacionalista, estas “decisións” únicamente benefician “ás grandes empresas que acometen procesos de despido global”.

Por otro, señaló Iván Rivas, las reformas permiten que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) no tengan que tramitarse “cunha autorización previa da administración”; algo que, recuerda, en el área de Ferrolterra ha tenido un gran impacto –poniendo como ejemplo los casos de empresas como Poligal o Siemens-Gamesa– y que ha permitido la deslocalización de industrias “sin que tiveran que dar ningunha xustificación”. “Compre que as administracións fiscalicen, controlen e, ademáis, autoricen os posibles EREs se teñen xustificación, e se non a teñen que impidan que se poidan desenvolver”, reivindicó el portavoz del BNG.

El tercer motivo, apuntó Rivas, es la “prevalencia” de los convenios de las compañías respecto a los colectivos en todos los aspectos salvo el salarial –por ejemplo, afirmó, en lo referente a los cambios de horarios o localización de los puestos de trabajo “sen xustificación”–; y de los estatales frente a los autonómicos, lo que resta capacidad de negociación a los sindicatos regionales, como es el caso de la CIG en Galicia, que “quedaría fora”.