El Tribunal Federal de Comercio Internacional de Canadá aceptó finalmente la pasada semana la queja presentada por Alion Science and Technology Corporation sobre la presunta falta de imparcialidad a la hora de conceder el contrato de construcción de quince fragatas para la Armada del país norteamericano. El concurso, iniciado 22 meses atrás y en el que Navantia también participó con su modelo F-105, fue cuestionado desde un inicio por buena parte de la industria naval internacional, que por miedo a un trato preferente a uno de los participantes –la alianza entre la británica BAE Systems y la estadounidense Lockheed Martin–, no participaron o bien decidieron abandonar la competición.

Lo que en un principio era un rumor –Irving Shipbuilders, encargados de fabricar los diseños, había trabajado en el pasado con BAE Systems–, pronto se convirtió en certeza al ver como el concurso alteraba hasta en 88 ocasiones sus bases en ese período de 22 meses para acomodarse al proyecto presentado por BAE, que desde un inicio no cumplía con los requisitos iniciales. Esta situación se vio agravada tras otra polémica concesión a la firma británica: la de fabricación de la flota SEA 5.000 para el gobierno australiano, una decisión que la mayoría de analistas internacionales calificó como un balón de oxígeno para Theresa May, ahogada por su incapacidad de firmar un acuerdo favorable para el Brexit.

Sin embargo, lo que no generó más polémica en el país oceánico –el proyecto de BAE Systems era peor que el presentado por Navantia, pero incluía las regalías para la futura fabricación de más buques–, ha logrado levantar una gran polvareda en Canadá, dado que el trato de favor resulta mucho más evidente. Alion, en declaraciones a CBC News, aseguró que la fragata Type 26 presentada por BAE Systems “era incapaz de cumplir tres requisitos críticos obligatorios”, siendo estos la velocidad máxima de los buques, el espacio necesario para la tripulación y el ser un diseño que ya se encuentre en funcionamiento en los ejércitos de otras naciones. Este último requerimiento ha sido de los más controvertidos, dado que tanto las F-105 de Navantia como las De Zeven Provinciën de Alion se encuentran operativas, mientras que ninguna Type 26 ha sido fabricada por el momento –la primera inició su construcción en 2017 y aún no se ha completado–.

La compañía norteamericana –que concurría junto con la neerlandesa Damen y la griega Atlas– presentó además una segunda queja, en este caso ante la Corte Federal, para que se revise judicialmente la decisión tomada en conjunto por la Oficina de Servicios Públicos y Adquisiciones de Canadá y la compañía astillera Irving Shipbuilding. Esta segunda demanda por el momento no ha sido respondida, aunque el Gobierno dispone aún de algunos días para pronunciarse –la ley establece un plazo de 20 días desde su registro–.

Ambas reclamaciones, incluso de ser desestimadas, suponen además un considerable retraso en un proyecto que debía comenzar a construirse a inicios de 2019. Pese a que las estimaciones iniciales sitúan el inicio de las obras “por detrás del calendario fijado”, varios representantes de la Oficina de Servicios Públicos aseguraron a CBC que el Ejecutivo de Justin Trudeau cuenta con un buen margen de maniobra y que se espera que, al menos la firma, se estampe durante los primeros compases del año.

Por otra parte, el director general de BAE Systems, Sir Roger Carr, evitó referirse a esta polémica en una reciente entrevista con la revista australiana Financial Review, en la que alabó la posición de la compañía dentro del ecosistema de negocios de la Commonwealth. Carr, que es asesor de Theresa May pese a favorecer la permanencia británica en la UE, rechazó además la idea de un Brexit sin acuerdo.