El informe sobre los costes del sistema de depuración de aguas residuales del concello de Ferrol para la modificación de la tasa de depuración encargado por el ejecutivo a la consultora Eudita, que ayer se sometió a debate en comisión de Facenda, no contentó a ningún grupo, especialmente de la oposición, que consideran que no ha permitido avanzar nada en la reducción del coste de la tasa y que ha supuesto, en palabras de la portavoz socialista Beatriz Sestayo “la crónica de un esperpento”.
Ni el alcalde, Jorge Suárez, está conforme al 100% con el resultado del estudio, ya que, aunque considera que permitirá modificar a la baja la tasa que ahora se cobra a los ciudadanos, reconoce que serán necesarios ajustes y cambios, ya que se incluye en la tasa un concepto con el que no está de acuerdo desde el punto de vista político, el de la inversión realizada en la obra de los interceptores de saneamiento, que aseguró que será rectificado.
La comisión, que se prolongó durante dos horas, no dejó resuelto el ajuste de la tasa, que todavía tendrá que ser analizado por los ingenieros municipales para mostrar la propuesta de modificación de la tasa.

La portavoz socialista, Beatriz Sestayo, criticó, en primer lugar, que no se trate de una auditoría, como se había comprometido el gobierno, sino de un informe que “no tiene la naturaleza de auditoría”, como se recoge en el propio estudio y cuya redacción ha supuesto un importe de 21.000 euros.
También llama la atención de los socialistas que para valorar los costes reales de la tasa se utilice toda la documentación facilitada por la propia empresa, por lo que parece curioso, dijo Sestayo “que para enxuizar a alguén se empreguen as probas facilitadas por ese alguén”.

El informe, criticó la edil, recoge que no fueron facilitados los datos de 2018, ni las analíticas ni se atendieron aclaraciones, además de incluirse los 300.000 euros de gastos de los interceptores. En suma, el PSOE critica que sea un informe no una auditoría, que se base solo en los datos de Emafesa y que no se aporte toda la información necesaria.
Pese a este “esperpento”, Sestayo indicó que el resultado del informe habla de una tasa un 30% inferior a la que se cobra actualmente, por lo que insta al regidor a estimar los recursos presentados y a exigir responsabilidades al gerente de la empresa privada por ocultar datos e información.
Desde el BNG se considera que la tasa del PP y FeC que se está cobrando es “fraudulenta” y debería volver a suspenderse e iniciar el camino de su derogación, por estas cobrando a los vecinos una tasa que no tiene nada que ver con el servicio que se presta.

Los nacionalistas vuelven a insitir en que se haga cargo de la gestión de la depuradora Augas de Galicia y que se le pidan responsabilidades por entregarla en mal estado. También se pide la invalidez del convenio con Fomento y Acuaes, al que Iván Rivas definió como “de usura” por el que se cobra el 25% de unas obras de interés general que en el resto del Estado no es asumido por los Ayuntamientos.
También el PP que fue el que aprobó en su día la tasa que se está aplicando actualmente criticó el resultado del estudio, señalando que la misma empresa hizo constar que no ha tenido acceso a toda la información para poder realizar un cálculo riguroso de la tasa.
El informe, explicó la portavoz popular Martina Aneiros, tiene que ser modificado porque “está incompleto, falta información y además Suárez dice que hay cuestiones que hay que mdificar –en relación a la inclusión del coste de las obras–”. Aneiros recordó que desde elpasado mes de noviembre su propia formación pidió la modificación de la tasa porque “creemos que la actual no se ajusta a los costes reales, que se están produciendo en el servicio de depuración de las aguas residuales, y por la dejadez e incompetencia de Suárez se está dilatando esta modificación”.