La iniciativa popular Movemento Veciñal de Neda (Moveneda) cargó este fin de semana contra el alcalde de la villa, Ángel Alvariño, por la propuesta de modificación de la ordenanza municipal para los sistemas de generación de energía alternativa que se llevará hoy al pleno. La formación critica que, con este cambio, se dificultará el acceso a los vecinos a esta tecnología y que coloca al consistorio “nunha liña política absolutamente oposta á transición enerxética”.

Así, tal y como se explicó desde Moveneda, esta nueva ordenanza supondrá una reducción de los derechos a las bonificaciones de los vecinos por instalar y emplear estos sistemas; un incremento en los requisitos mínimos para acceder a las mencionadas ayudas que suponen un aumento exponencial de la inversión inicial; una reducción de un 80% del período de bonificación; y, finalmente, el establecimiento de retroactividad –lo que, en la práctica, capacitaría al gobierno local a retirar ayudas de más de cinco años de antigüedad–.

Según detalla Moveneda, la “xustificación” de Alvariño para esta decisión es que “algúns instalan este sistemas por ‘posible pillería’ para optar ás bonificacións e ‘logo os quitan’”, algo que la entidad considera que es “botarlle a culpa” a los vecinos. Desde Moveneda consideran esta argumentación “ridícula”, dada la inversión inicial que supondría –entre 4.000 y 5.000 euros– para lograr un ahorro de 200 euros anuales. “Quen instala estes sistemas é para aforrar no consumo enerxético a longo prazo, por conciencia medioambiental, e non para rascar cartos no IBI”, afea la formación vecinal.

Asimismo, Moveneda critica que el regidor calificaba de “baixo” el impacto económico de la medida en las arcas municipales, pero que aún así consideraba que era una modificación “necesaria”.

A modo de ejemplo de la nueva normativa, la agrupación asevera que se pasaría de tener que instalar una placa solar de unos dos metros cuadrados y un depósito a 180 litros de agua a otras de cuatro metros cuadrados por cada 100 de superficie construida, duplicando el coste de instalación. Además, el período de bonificación en el IBI se reduciría a solo cinco años, por los que únicamente se amortizarían unos 1.000 euros.

Es por ello que, desde la formación exigieron la supresión de estos cambios en propuestos para la ordenanza municipal.