El pleno del primer aniversario de las elecciones municipales que llevaron a José Manuel Rey Varela a la Alcaldía de la ciudad permitió a gobierno y oposición escenificar la distancia que los separa en muchos aspectos. Sólo el nombramiento de la plaza (y que llevará el nombre de la agrupación Rancho da Praça-Rendilheiras de Vila do Conde, localidad hermanada) habilitada en la zona que ocupaba la denominada “nave provisional” entre la Praza do Carbón y la Pescadería de Rodolfo Ucha concitó la unanimidad de los 25 concejales de la corporación. También se pusieron de acuerdo en realizar una declaración institucional en apoyo de las personas que sufren Esclerosis Lateral Amiotrófica y que posibilitó la intervención de la presidenta de la asociación autonómica Agaela, María Jesús Seoane Lema. 

Al margen de eso, pocos acuerdos, más allá de la unanimidad que se alcanzó en dos mociones presentadas por el Bloque Nacionalista Galego sobre la situación del ferrocarril en la ciudad y la de Ferrol en Común para acelerar la tramitación de un proyecto de ley sobre medidas urgentes para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo y mitigar los efectos de la sequía.  

Desacuerdos

Hasta ahí llegaron los acuerdos. En la parte resolutiva, hubo críticas en la misma propuesta de reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de algo más de 29.000 euros en suministros de telecomunicaciones y gas –las facturas entraron fuera de plazo–, pues dio pie a la oposición, en este caso al portavoz del Ferrol en Común, Jorge Suárez, a señalar la “cantidade de servizos que están sen contrato un ano despois de que chegaran ao goberno”. 

Era solo el principio de lo que llegaría con el primer gran debate de la tarde, el del Plan de Acción del año 2022, en el que se presentaron medidas –para aquel ejercicio– para “corrixir”, explicó la concejala de Facenda, Susana Sanjurjo, “as deficiencias do informe de control financeiro”, como limitar las horas extras, actualizar la RPT, estudio de las subvenciones nominativas o la revisión de las ordenanzas. También la “actualización” de las tarifas de Emafesa, que fue la empresa más nombrada en la sesión de ayer, junto con Urbaser.

Para Suárez, estas “medidas son o reflexo do seu corpus ideolóxico”, mientras que Iván Rivas, portavoz del BNG, que, entre otros argumentos, recomendó al ejecutivo municipal que para “resolver o problema de falta de persoal hai que contratar persoal e non asesores”, dijo, en referencia a los dos últimos (Deportes y Servizos) anunciados tras la Xunta de Goberno Local del lunes. Rivas subrayó que “o 48% das prazas do Concello están vacantes” y que la cuantía de las subvenciones nominativas sigue “moi por riba das de concorrencia competitiva, con 1,9 millóns”. 

El socialista Rafael Fernández Beceiro insistió en el número de asesores (11) “polos cinco que tiñamos no mandato anterior”, recordó, y lamentó que para ese Plan de Acción no se consultase con los jefes de servicio. Sanjurjo respondió incidiendo en que este documento “é unha obriga do presidente da corporación, que é o alcalde”, y le preguntó a Beceiro por qué no se elaboró el correspondiente al año anterior, el de 2021. 

También hubo discusión en la memoria justificativa de las actividades de las entidades vecinales. Javier Díaz defendió el alto grado de ejecución –un 94%; el restante se debió a la renuncia de una AVV–, mientras el nacionalista Roberto Montero acusó al ejecutivo de “non apostar polas entidaes, ás que lles racanearon 15.000 euros. Só apostan polo Racing, que é unha SAD”. Díaz respondió con el dato de que en el presupuesto apoyado por el BNG en el anterior mandato la partida “foi de 100.000 euros, menos aínda do que critica”. 

Transparencia

Pero fue sin duda la moción conjunta de la oposición sobre la “falta de información e transparencia” del ejecutivo la que elevó el tono, con reproches mutuos. Ángel Mato incidió en los argumentos de la víspera, cuando se presentó el texto. “Todos nós, tamén a oposición, fomos escollidos pola cidadanía; representámola”, dijo antes de lamentar que “o pleno estea perdendo as formas e o respecto”, añadió en referencia a las “dificultades” para poder acceder a los informes, sobre todo en lo concerniente al ciclo del agua y a la relación con el Concello de Narón. Suárez y la nacionalista Mar López abundaron en esos argumentos –“autoritarismo”, “desprecio”–, razones que el teniente de alcalde, Javier Díaz, replicó por “faltar á verdade”. 

Criticó el concejal que “os anos anteriores atacábanse uns aos outros e só se poñen de acordo cando goberna o PP”. Aseguró que le “doe moito este ataque persoal con insultos como “soberbia”, “antidemocrático” ou “autoritario”, y expuso datos sobre el número de comisiones que se celebraban en el anterior mandato y en este. 

“Nós non imos entrar nese xogo de descalificacións”, prosiguió Diaz. “Pido respecto para todos os compañeiros porque creo sinceramente que todos os portavoces son boas persoas, honestas, e o insulto non é nunca o camiño”.