La reclamación del pago de sobrecostes en el servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes de la ciudad, que finalmente fue aprobado con los únicos votos favorables del Concello, volvió a poner sobre la mesa la situación del personal que presta este servicio, que se encuentra desde hace años sin contrato.

El debate fue tenso y la concejala de Servizos, Ana Lamas, no dudó en responder a las continuas acusaciones de no aprobación del pliego de condiciones del contrato, acusando al grupo popular de no haber presentado aportaciones en las comisiones oportunas y denunciar, sin embargo, continuamente la situación del servicio. Lamas habló de “tentar dilatar, entorpecer e enrevesar” el proceso, e hizo un relatorio de los pasos dados para sacar a la luz un contrato, que fue retirado del pleno y todavía no ha sido aprobado, asegurando que hubo múltiples ocasiones para presentar propuestas y no se hizo.

Sin embargo, pese a que grupos como Ferrol en Común apoyaron el punto que se debatía “por non prexudicar nóminas dos traballadores”, no se mostraron de acuerdo con la postura de la edila del área y animó a hacer un esfuerzo “para iniciar un diálogo e solventar isto”. Tampoco el BNG apoyó la postura de la concejala de Servizos, acusando al gobierno de “atender ás reclamacións da empresa pero non ás dos traballadores”.

El PP respondió a Ana Lamas pidiéndole que abandone el “y tú más” para buscar soluciones.

Los trabajadores, en el público de la sesión plenaria, tuvieron que ser advertidos por el alcalde en numerosas ocasiones tras interrumpir con contestaciones a la concejala de Servizos durante su intervención.

Benestar Social

Otro de los temas polémicos que se debatió ayer se refería al nombramiento como responsable del servicio de ayuda a domicilio de una trabajadora social, propuesto por el gobierno.

En nombre del CSIF y CIG intervino David Monteagudo, como representante sindical, dejando de manifiesto que esta cuestión se haya convertido “nun tema persoal máis que profesional”. Criticó que no se haya negociado este punto con los representantes sindicales y afirmó que los colegios profesionales aseguran que este cargo “execede as funcións dun traballador social”, por lo que piden una negociación y nueva propuesta.

La concejala del área, Eva Martínez, recordó que los informes de los Colegios son “de parte” y que existe una sentencia que les da la razón, así como informes de una habilitado nacional. Aseguró, además, que el tema se ha llevado a Xunta de Persoal sin que se le haya indicado que haya habido  algún problema al respecto.

Los grupos de la oposición no se mostraron de acuerdo con la postura defendida por la concejala del área, por lo que la propuesta no salió adelante. Desde el BNG se incidió en la necesidad de remunicipalizar el servicio, mientras que tanto desde FeC como desde el PP, no se consideró que un trabajador social esté capacitado para afrontar un contrato de estas características, apostando por un perfil más técnico. l