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sábado | 8 febrero | 2025
A finales del pasado 2023, el Defensor del Pueblo anunció la apertura de una investigación contra 33 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes que no contaban con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), incidiendo en que 18 de ellas, entre las que se encuentra Ferrol, ni tan siquiera habían iniciado los trámites para ello. El organismo, por aquel entonces, recordaba que, desde el 1 de enero de dicho ejercicio, era obligatorio implantar estas áreas en virtud de la Ley de Cambio climático y transición ecológica del año 2021.
Un año después de esta advertencia y casi dos de que entrase en vigor la normativa, la ciudad naval sigue sin ZBE, si bien el gobierno local afirma que forma parte de su Plan Estratéxico y que espera implantarla a lo largo del próximo 2025.
En cualquier caso, desde el Defensor del Pueblo se emitió ayer un nuevo escrito en el que urge a estas 33 administraciones locales –no hace mención, salvo en retrospectiva, de los 18 sin tramitación– a “poner en funcionamiento cuanto antes” estas zonas.
El extenso documento, que también fue publicado en la página web del organismo, sirve como llamada de atención a los gobiernos de las 33 ciudades, pero también como respuesta a sus alegaciones, incorporando, además, once recomendaciones para los aludidos. Así, el Defensor señala que, salvo tres ayuntamientos, todas las administraciones locales respondieron al requerimiento de información sobre la situación, concluyendo que en todos los casos las argumentaciones recibidas no justifican el incumplimiento de la legislación.
De este modo, el organismo apunta que las razones dadas son “muy variadas”, pero que se pueden sintetizar en: la falta de plazo suficiente para la aprobación de la ZBE; la dificultad técnica; la necesidad de contar con personal especializado para implantarlas; o los bajos recursos financieros de los Concellos. Asimismo, también se han recibido respuestas que justificaban el incumplimiento tratando de optar por otras medidas de reducción de emisiones, argumentando que la geografía urbana de la ciudad la hacía innecesaria o que la calidad del aire ya era buena.
En todos los casos, estas alegaciones fueron rechazadas, incidiendo además en algunos casos concretos, entre los que, afortunadamente, Ferrol no se encontraba.
Por otro lado, entre las múltiples recomendaciones destaca que estas zonas tengan “un carácter continuo y permanente”; que incorpore restricciones de entrada sin que puedan establecerse excepciones; que se incluya un sistema de monitorización y se contemplen “zonas de especial sensibilidad destinadas a proteger a los sectores más vulnerables”; o que se definan los objetivos en materia de calidad de aire, cambio climático, eficiencia energética, etcétera.
Con respecto a este nuevo aviso, el Concello de Ferrol explicó que, con el cambio de gobierno, “atopámonos con que non se fixera nada pese a ter que estar implantada desde xaneiro de 2023”.
Así, afirma que, desde ese momento, los diferentes departamentos municipales comenzaron a trabajar en diferentes estrategias “que teñen que ver coa mobilidade”. En concreto, la administración local incidió en su Plan Estratéxico, ligado a la Agenda Urbana 2023, en el que se contempla una actualización del anterior Plan de Mobilidade, cuya elaboración ya se encuentra contratada –fue adjudicado el pasado noviembre a Doymo por 18.089 euros, con un plazo de entrega de tres meses– y que permitirá la implantación a partir del próximo 2025.
Una vez cuente con el nuevo documento, el Concello “poderá dar resposta ás necesidades das zonas de baixas emisións”.
El nuevo aviso no ha pasado desapercibido para los grupos de la oposición, que afearon al gobierno local que se vayan a alcanzar dos años sin cumplir la Ley.
De este modo, el portavoz del PSOE, Ángel Mato, afirmó que en el anterior mandato se hizo “un esforzo” para implantar “un modelo urbano sostible” que no solo tuviese en cuenta los requerimientos de las Zonas de Bajas Emisiones, sino también la dinamización de la ciudad. En este sentido, el socialista incidió en que se trata de una medida obligatoria, lamentando “o tempo perdido polo Partido Popular” y que, con el cambio de gobierno, se decidiese dar “un xiro de timón” a las medidas planteadas en años anteriores, como la creación de áreas peatonales.
Por su parte, el máximo responsable del BNG ferrolano, Iván Rivas, apuntó que su formación, desde que se publicaron las directrices de las ZBE en 2022, llevan presentando propuestas a este respecto en torno a dos ejes: por un lado, evitar “a posible discriminación” que estas zonas puede generar, en tanto a que limitan el acceso a los cascos urbanos de los vehículos de mayor antigüedad –lo cual va en detrimento de aquellas familias más vulnerables que no pueden permitirse adquirir un turismo eléctrico o híbrido–. Por otro, la delimitación de ámbitos en la ciudad “onde se fomenten os modos de transporte sustentable”. Así, el nacionalista afeó al presente y los anteriores gobiernos que apuesten “por criterios de mobilidade e urbanismo que están completamente obsoletos”.
Por último, el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, lamentó que esta llamada de atención” é unha consecuencia natural das políticas retrógradas do Partido Popular en materia de conseguir unha cidade máis amigable coas persoas”. De esta forma, el exalcalde criticó “a anulación consciente” del anterior Plan de Movilidad, que trajo como consecuencia la pérdida de fondos europeos para la reurbanización del primer kilómetro de la carretera de Castilla. “Temos un déficit natural de zonas verdes que non se pretende paliar de ningunha maneira”, denunció Suárez, apuntando que se está optando por realizar lo opuesto: “introducir coches no barrio da Magdalena”.
