Abogados de toda España llevan muchos meses reivindicando cambios que acaben con un sistema obsoleto y discriminatorio con respecto a otras profesiones liberales. En Ferrolterra, la plataforma Marea Negra tiene como portavoces a Ana Rosa Pena y María Luisa Pérez, delegada y afiliada del sindicato Venia. 
El turno de oficio y la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) centran la lucha de los abogados, que siguen movilizándose para conseguir avances –están en huelga desde hace un año– y para que sus demandas sea tenidas en cuenta en la tramitación parlamentaria de las modificaciones legislativas en marcha.

Solo en Ferrolterra más de 150 letrados están adscritos al turno de oficio, apunta Pena, que lamenta que en este tiempo no hayan podido sentarse con el conselleiro de Xustiza, Diego Calvo y subraya que sus protestas no se limitan a una cuestión económica. “Somos los abogados que defendemos que todas las personas, con independencia de su capacidad económica, tengan acceso a un proceso con un abogado altamente preparado”, señala. La delegada de Venia hace hincapié en que se trata de “un servicio público” y está convencida de que “somos los grandes desconocidos para la ciudadanía, cuando somos currantes, como cualquier trabajador”. 

Pena enumera las reivindicaciones del colectivo: “Cotización por nuestro trabajo, creación de un estatuto jurídico propio –que contemple la desconexión digital y el descanso–, reconocimiento de la relación laboral y que se nos paguen, dignamente, todas las actuaciones que hacemos, actualizadas conforme a IPC”.
En esa línea, la también portavoz de Marea Negra lanza una pregunta: “¿Alguien se puede imaginar que no cotizasen por su trabajo y que el día de mañana no tuviesen una cobertura? Pues a nosotros nos pasa; por nosotros no cotizan pese a trabajar en un servicio público que por ley estoy obligada a prestar si el listado de voluntarios no fuese suficiente”. 

Pero no solo eso, añade. “No tenemos relación laboral, pero trabajo porque me obliga la administración a hacerlo –la Xunta en nuestro caso–. No nos pagan la disponibilidad en las guardias, ni descanso ni derecho a la desconexión digital. Y lo que nos pagan es una miseria: el pago medio en Galicia por un pleito que puede llevar años son 204 –50 los procuradores–. En un divorcio, que puedo estar ejecutando diez años, me pagan la primera y la segunda ejecución –si es que se pagan– pero nunca más”. 

Pasarela al RETA 

El paso del sistema de cotización de las mutualidades a la Seguridad Social, en este caso al RETA, es el otro caballo de batalla de Venia y Marea Negra. María Luisa Pérez recuerda que, históricamente, abogados y procuradores –al igual que otros profesionales liberales– cotizaban a las mutualidades, un sistema alternativo que con el tiempo fueron abandonando otros gremios. En los 90 se planteó el traspaso al RETA, pero en ese proceso lo que hubieran cotizado a las mutualidades no se tenía en cuenta. Empezaban de cero. El Consejo General de la Abogacía decidió entonces quedarse como estaba y en 2005, aun existiendo un informe que alertaba de la inviabilidad del sistema, tres cuartos de lo mismo. 

Ocho mutualidades quedan todavía activas y desde Marea Negra y Venia se denuncia que, este sistema, “más parecido a aseguradoras, incumple los artículos 41 y 50 de la Constitución”. 

El problema es que “ahora nos encontramos con profesionales a los que les llega la edad de jubilación y no pueden hacerlo porque las “rentas” (la mutualidad deja bien claro que no paga pensiones) son 300 o 400 euros, y no se revalorizan. Y eso en el caso de que se acojan a un sistema de pago durante 15 años porque, si es vitalicio, todavía es menos. Por lo tanto, al no ser pensionistas, no tienen ninguno de los beneficios que la Constitución establece para la tercera edad. En la práctica, pues, no existe la jubilación”. 

La reclamación de los abogados que se están movilizando parte de una premisa: el 1x1, es decir, que cada año cotizado a la mutualidad se equipare con un año cotizado a la Seguridad Social. “No supone otra cosa”, dice María Luisa Pérez, “que el reconocimiento de nuestra vida laboral: si he cotizado y pagado a la mutualidad 24 años, tengo que tener 24 años cotizados”. En ese sentido, recalca que el mecanismo para hacer esa transferencia efectiva ya existe y se llama cómputo recíproco de cotizaciones, regulado, por cierto, desde 1978.

Pérez lamenta que la propuesta del Gobierno excluya a los pasivos y también a los que se han ido pasando al RETA. “Se les agotan los plazos y tienen fondos en las mutualidades que no pueden mover. Y a los que estamos en activo nos quieren limitar las pensiones a 15 años”, censura. 

Sobre las cotizaciones, denuncian que “es falso que todos estos años estuviésemos pagando menos; pagamos lo mismo o más que cualquier autónomo, con la diferencia de que en 25 años de vida laboral no le hemos supuesto un duro a la Seguridad Social porque no tenemos incapacidad permanente total, ni viudedad, ni orfandad, ni medicación gratuita al jubilarnos. Nuestras pensiones no se revalorizan y de baja laboral (IT) solo podemos estar 365 días en toda nuestra vida”.