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miércoles | 12 febrero | 2025
Los veterinarios se encuentran en pie de guerra tras la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023 que regula la prescripción y dispensación de medicamentos. Los profesionales del sector han alzado la voz en toda España y Ferrolterra no ha sido una excepción.
Lo han hecho por medio de un paro simbólico de una hora para exigir cambios en la normativa. Esta decisión del Gobierno parte de la exigencia de la Unión Europea (ya operativa para los albéitares que trataban a los animales de producción y a la que se suman ahora los de compañía) y busca frenar la resistencia a los antibióticos. El cambio, sin embargo, ha generado un profundo malestar entre los profesionales al considerar que pone trabas innecesarias a su trabajo y que puede comprometer, incluso, la salud de los animales.
Sonia Carrodeguas está al frente de la Clínica Veterinaria San Ramón de Moeche y expresa su frustración con la situación que están viviendo ella y el resto de compañeros de profesión. “Estamos muy enfadados. Nos quita la capacidad de aplicar antibióticos con criterio profesional. Solo podemos administrar los que ellos consideran y en las dosis que indican los prospectos. Esto es injusto porque cada caso es único y requiere una valoración individual”, censura.
En este sentido, explica que la normativa clasifica los antibióticos en cuatro grupos (A, B, C y D), y restringe drásticamente el uso de los más potentes. Esta situación obliga a los veterinarios a seguir un proceso escalonado. “Si un animal tiene una infección grave, no podemos ir directamente al antibiótico que sabemos que funcionará. Primero debemos probar con los de grupo D, luego C, hasta demostrar que necesitamos el de grupo B o A. Esto puede retrasar la recuperación y poner en riesgo la vida del animal”, asevera la veterinaria.
Esta preocupación la comparte también Andrés Gesto, de la clínica Inferniño. “Hay antibióticos que hemos usado con frecuencia y que ahora están en una categoría que solo podemos recetar como última opción. Esto va en contra de nuestro criterio médico y puede poner en peligro a los pacientes”, comenta el veterinario. Por su parte, Franciso Javier Breijo, conocido como Canco (Clínica Veterinaria del Cantón), apunta la experiencia adquirida por los profesionales tras muchos años de profesión ante las fichas técnicas de los medicamentos que figuran en la aplicación. “Exigimos sobre todo la libertad en el criterio clínico”. Añade que la Ley europea del medicamento, “no busca los mismos argumentos que se nos quiere aplicar desde el Gobierno”.
El control del uso de antibióticos, explican los veterinarios, llega al punto de exigir cálculos exactos en la prescripción. “Si recetamos un colirio para los oídos, tenemos que especificar la cantidad exacta que va a gastar el animal y lo que le va a sobrar. ¿Y si el dueño derrama el medicamento por accidente? No está contemplado en la normativa”, apunta por su parte Ana María López, del centro Catro Patas de Narón.
Otro de los principales puntos de conflicto es la obligatoriedad de registrar en el sistema PresVet la prescripción de antibióticos para las mascotas, una exigencia que, según el sector, supone una carga burocrática excesiva.
“Tengo que poner el doble de tiempo para cada consulta y aún así me retraso. Tuve que comprar un programa para gestionar el envío de recetas a PresVet porque de forma manual es totalmente inviable”, lamenta Carrodeguas, un punto de vista que comparte también la profesional naronesa. “Hacer una receta de antibióticos nos puede llevar hasta una hora. Y en muchos casos, queremos recetar un antibiótico específico que sabemos que funcionará, pero el sistema nos obliga a recetar otro que probablemente no será eficaz”.
“Nos vemos envueltos en papeleo interminable. Muchas veces la aplicación informática falla y nos impide emitir recetas correctamente. Además, si recetamos un blíster de diez comprimidos pero el animal solo necesita siete, debemos justificar qué ocurre con los tres restantes y actualizar la receta si se necesitan después. Es un proceso absurdo que nos quita tiempo y nos complica el trabajo”, añade por su parte Gesto. “Cada consulta se puede alargar una hora”, indica Francisco Javier Breijo.
Los veterinarios coinciden en que es necesario un control sobre los antibióticos, pero no de esta manera. “No estamos en contra de regular su uso, pero esta normativa nos impide hacer nuestro trabajo correctamente y pone en peligro la salud de los animales”, sostiene Carrodeguas. “Nos obligan a complicar los tratamientos, a utilizar más productos y con pautas más difíciles para los dueños”, añade. A esta problemática se suma la histórica reivindicación del sector sobre el IVA en los servicios veterinarios, actualmente en el 21%.
“Llevamos años pidiendo que se reduzca, porque la salud animal es clave para la salud pública. Si la gente no puede permitirse tratar a sus mascotas, aumentarán enfermedades como la sarna, que pueden afectar también a los humanos”, advierte López. Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha respondido a las críticas asegurando que los veterinarios han tenido más de un año y medio para adaptarse a PresVet y que el sistema no interfiere en su criterio clínico. También argumentan que la carga administrativa es mínima, ya que la información ya se registra en los sistemas de las clínicas y solo se requiere transmitirla a PresVet.
Sin embargo, los profesionales mantienen su postura y advierten de que las protestas podrían escalar. “Cerrar un rato la clínica no es suficiente. Nos lo hacen a nosotros, que somos autónomos y dependemos de nuestro trabajo. El paro no afecta a grandes empresarios ni a la administración, solo a nuestros clientes”, concluye Carrodeguas. De hecho, el siguiente acto de protesta tendrá lugar el próximo domingo 23 de febrero ante la Delegación del Gobierno en A Coruña, para la que pedirán el apoyo de los propietarios de mascotas.
