Cuatro personas han sido detenidas y tres más figuran como investigadas por su relación con un grupo desarticulado por la Guardia Civil que explotaba laboralmente a extranjeros en la comarca pontevedresa del Deza.

Los cuatro detenidos, según ha informado este viernes el instituto armado, son de nacionalidad búlgara y se les acusa de explotar, en colaboración con los otros tres implicados, nacidos en España, a trabajadores extranjeros con la promesa de regularizar su situación.

A todos ellos se les investiga por los delitos de trata de seres humanos en la modalidad de explotación laboral y favorecimiento de la inmigración ilegal.

La investigación de la denominada Operación Pitangus comenzó en agosto de 2022 tras la denuncia presentada por un ciudadano búlgaro que advertía de la actividad irregular que estaba realizando una empresa dedicada a la limpieza de granjas porcinas y avícolas.

En su denuncia, este aseguraba que el empresario empleaba a extranjeros que trabajaban en situación irregular y en condiciones laborales que vulneraban sus derechos.

La Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo, realizó inspecciones en diferentes granjas de la comunidad gallega, en las que localizaron a varios trabajadores en situación irregular y sin contrato de trabajo.

Los investigadores comprobaron que muchos de estos trabajadores habían llegado a Lalín (Pontevedra) a través de dicho empresario, que les atraía con suculentas ofertas laborales.

Cuando llegaban a la localidad, les prometía que si trabajaban para él les facilitaría la documentación para legalizar su situación y les daría de alta en la Seguridad Social.

Pero, según detalla la Guardia Civil, una vez ya trabajando les recordaba a las víctimas su condición de trabajadores irregulares y el favor que les hacía proporcionándoles empleo.

Los trabajadores sufrían condiciones laborables abusivas, entre ellas jornadas de más de doce horas diarias de lunes a domingo, no disponían de jornadas de descanso ni vacaciones y tampoco tenían un mínimo de condiciones de seguridad y salud laboral, a pesar de utilizar productos desinfectantes muy corrosivos que les provocaban continuas lesiones.

La organización disponía de varios pisos en Lalín, en los que asentaba a los trabajadores, que apenas conocían el idioma, para tenerlos controlados en todo momento.

En el registro del domicilio del cabecilla de este entramado, los agentes de la Guardia Civil hallaron 50.000 euros en efectivo y diversa documentación que avala toda la investigación.