Los tribunales gallegos sumaron 31 demandas judiciales por okupaciones ilegales de viviendas de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social en el segundo trimestre del año, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La sección de estadística del CGPJ ha publicado este miércoles el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales'.
Este estudio muestra que entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, los juzgados gallegos ingresaron 31 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
Son 1,2 casos por cada 100.000 habitantes que afectan, de media, a un 10 % de los ayuntamientos de la Comunidad, si bien hay un incremento respecto a los 22 casos del mismo periodo de 2021.
El informe muestra que los juzgados gallegos practicaron en el segundo trimestre de este año 458 lanzamientos, un 2,5 % más que en el mismo periodo de 2021.
De ellos, 376, el 82 %, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos , es decir, por impagos de alquiler, los cuales aumentaron un 9,6 %.
Otros 74 correspondieron a ejecuciones hipotecarias -un 16,9 % menos que en 2021- y los ocho restantes derivaron de otras causas.
En el conjunto del Estado, los lanzamientos practicados entre abril y junio disminuyeron un 6,5 % respecto a las mismas fechas de 2021.
El número de concursos presentados en el segundo trimestre de 2022, contabilizando los presentados en los juzgados de lo mercantil y los de personas físicas registrados en los juzgados de primera instancia, ascendió a un total de 257, lo que supuso un incremento del 53 % respecto al mismo trimestre de 2021.
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martes | 19 noviembre | 2024
