El pleno del Parlamento gallego ha alcanzado este miércoles la unanimidad de los grupos para solicitar a la Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) que los inmuebles con los que cuenta en Galicia sean cedidos gratuitamente a Galicia.

La propuesta defendida por la diputada del BNG Alexandra Fernández ha insistido en que la cesión debe ser gratuita y para ello pide a la Xunta que actúe de forma contundente para garantizar que estas viviendas pasen a ser parte del parque público de la comunidad autónoma.

“No aceptamos que la SAREB ponga las condiciones y la Xunta haga de mero notario”, ha enjuiciado Fernández, que criticó el anuncio del Gobierno en tanto que “lo que podría parecer positivo es un nuevo intento de estafa” ya que “el Estado emplaza a acuerdos de venta a las comunidades o ayuntamientos, en lugar de su cesión gratuita”.
Fernández también ha denunciado “la propaganda” del Ejecutivo estatal en materia de vivienda, ya que, de las 120.000 viviendas anunciadas, “aún no sabemos ni cuándo ni cómo van a estar”, recriminó.

Pese a encontrar unanimidad respecto a la cesión de los inmuebles, la petición relativa a la creación de un servicio de mediación, protección y asesoramiento a los inquilinos por parte del IGVS no fue aprobada al contar con el rechazo del grupo popular.

Por parte del PPdeG, la diputada Begoña Freire ha exigido “información sobre el número de bienes, el estado de conservación, la localización y evolución del parque inmobiliario en manos de esta entidad en Galicia”.

Con todo, ha cargado contra “los anuncios propagandísticos del gobierno” en época preelectoral y que se quedan en “poco más que humo” con medidas mediante las que “solo salen ganando los okupas”.

Frente a ello, el diputado del PSdeG Eduardo Ojea ha puesto en valor las medidas sociales anunciadas desde el Gobierno central en esta materia y que demuestran las preocupaciones del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez pese a que es la Xunta la administración que tiene competencias en vivienda.