Suponga que usted es un político en el poder y resulta que gasta muy poco en algo muy necesario, no sé, sanidad, educación, transporte, justicia… lo que prefiera. En realidad, no es que gaste muy poco; está un 80 por ciento por debajo de la media española.

Bien, pues ¿cómo presentaría el presupuesto ante sus votantes? Una opción honesta sería explicando que no hay dinero para todo y que su criterio ideológico le lleva a gastar más en sanidad que en educación, por ejemplo. Inconsciencia de novato. Porque si tiene la suficiente zorrería en las artes de la propaganda política optará por presentar una cantidad de millones aparentemente elevada aunque, en rigor, sea una ridiculez. Verbigracia: “Este año invertiremos ‘casi’ 103 millones en transporte público”, (el tres aporta precisión, no vayan ustedes a redondear). Es lo que acaba de hacer la Xunta.

A un ciudadano normal cien millones le parecen una barbaridad. No digo ya cuando a uno le hablan de miles de millones. Resulta imposible hacerse una idea de lo que significan esas grandes cifras. Por eso, bajo la influencia de las imágenes del desastre, puede llegar un tal Mazón y pedir 31.400 millones de euros para paliar los efectos de la DANA de Valencia. O llegar un tal Sánchez y prometer 10.600 millones, que pueden sonar a poco, comparado con lo de Mazón. Y entonces Sánchez explica que solo es “un primer paquete de ayudas”.

Sin embargo, al dividir estas grandes cifras en lo que nos toca a cada ciudadano, contribuyente o afectado las comprendemos un poco mejor. Usemos los ejemplos mencionados. Hay medio millón de afectados en Valencia. Si a Mazón le dieran lo que pide podría entregar a cada uno más de 60 mil euros. Con lo de Sánchez, 20.000. Con esas ayudas exigidas o prometidas absolutamente todos los afectados podrían comprarse un coche nuevo, incluidos los bebés. Son cantidades tan disparatadas que si solo se empleasen en automóviles daría para multiplicar por cinco el total de los que se han ido al garete.

Sé que estas cantidades se deben destinar a muchos aspectos de la catástrofe: infraestructuras, viviendas, empresas, seguridad, sanidad… Pero exigir por parte de Mazón la misma cantidad que un presupuesto anual de su comunidad autónoma es tal barbaridad que provoca vergüenza ajena. Incluso los números de Sánchez deben de tener mucho truco contable para alcanzar esas cifras más “modestas”. Los ciudadanos valencianos nunca verán materializadas esas sumas. Como no las han visto en Lorca, La Palma o los gallegos con el Prestige que, por cierto, fueron de 1.500 millones y aun andan coleando en Londres 20 años después.
En una brillante muestra de malabarismo numérico, la Xunta presume de gastar “casi 300.000 euros diarios” en transporte público. Parece impactante. Lo malo es que son solo 10 céntimos por gallego. La comunidad presidida por Ayuso dedica seis veces más a cada madrileño. Y su transporte recorre una región casi cuatro veces más pequeña que Galicia. Así son las cifras si se comparan en dimensiones humanas, no estratosféricas ni grandilocuentes.

En resumen, la política de transporte público de la Xunta roza niveles épicos de tacañería. Por eso usuarios y alcaldes, especialmente de zonas metropolitanas, están indignados, por eso existen plataformas de protesta por un transporte digno. No hay las líneas ni las frecuencias porque simplemente no ponen el dinero. Se conoce que tienen otras prioridades.

Por eso, cuando oigan a un político hablar de miles o cientos de millones no se lo crean del todo. Siempre hay truco. A veces el truco está en la exageración desorbitada de Mazón o en las artimañas contables de Sánchez. Otras está en convertir un euro en cien céntimos, que a la Xunta le debe parecer más.