in entrar en consideraciones jurídicas, la Ley de Amnistía ya es la ley más impugnada en la democracia. El Tribunal de Cuentas recurrió a la justicia europea porque entiende que no puede amnistiarse la malversación habida en el procés al afectar a intereses de la Unión Europea. Por su parte, el Tribunal Supremo en su recurso al Constitucional considera que esa ley transgrede los límites constitucionales y “vulnera el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica”.

Con los mismos argumentos formalizaron recursos ante el Constitucional el Partido Popular y las comunidades gobernadas por esta formación, a las que se sumó Castilla-La Mancha gobernada por el Partido Socialista.

La batalla, por tanto, se libra en el Tribunal de Garantías que, como es sabido, está formado por juristas de prestigio, unos más reconocidos que otros, que se adscriben a dos bloques ideológicos, progresistas, que son mayoría, y conservadores.

Unos y otros, antes de emitir su voto, deberán recordar que en la edad media los aragoneses exigían a sus monarcas que renovaran el juramento de “la constitución política del reino” para ser reconocidos como reyes. “Nos, que somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos Principal, Rey y Señor entre los iguales, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades…”.

Este juramento realza el valor de cada persona “nos, igual que vos” y el valor del conjunto “todos juntos más que vos”, que era el contrapeso para evitar abuso del poder real. En aquel juramento estaba el germen de la soberanía popular que fundamenta nuestras democracias.

Bueno, pues los recursos presentados contra la amnistía tienen como autores a equipos jurídicos y juristas también de reconocido prestigio del Tribunal de Cuentas, del Supremo y de los gabinetes de las comunidades autónomas que juntos saben más que los magistrados del Constitucional.

Son juristas cualificadas que plantean la cuestión de inconstitucionalidad contra esta ley que, argumentan, vulnera derechos consagrados, como el de la igualdad y el principio de seguridad jurídica y otorga un beneficio personal a los políticos que protagonizaron el procés.

El Constitucional tendrá que decidir declarando la ley inconstitucional, como decía el presidente del Gobierno y los ministros antes del 23-J. O declarándola conforme a la Constitución, como piensan ahora el mismo Sánchez y sus ministros que después del 23-J “cambiaron de opinión”.

Así las cosas, como se dice en lenguaje coloquial, que se aten los machos los magistrados del Constitucional porque detrás de los recursos presentados están juristas que “somos y valemos tanto como vos, y todos juntos (sabemos) más que vos…”. Una segunda razón para que resuelvan con rigor, sin contaminación ideológica, es que el debate definitivo sobre la esta polémica ley puede que se libre en Europa.