Un delincuente confeso como Pedro Aldama, acusa en sede judicial de corrupción a miembros del gobierno de España sin aportar prueba alguna, y el PP valida esta acusación sin esperar a que las presente. El gobierno, sabedor que para una parte importante de la opinión pública todo progresista acusado es culpable mientras no demuestre su inocencia, ha demandado por difamación al citado empresario para acelerar la resolución de este caso, y que no se eternice como la del juez Peinado con la mujer del presidente. Mientras tanto, los familiares de los 7.291 mayores que murieron sin recibir atención en las residencias de Madrid, todavía luchan para que algún juez español se digne decir algo, requisito imprescindible para llevar el tema a la justicia europea, donde hay más garantías de reparación para unos mayores que carecían de seguro médico privado; los jueces deberían ser imparciales, pero...