El desenlace a la convocatoria anticipada de elecciones en Castilla y León, decidido unilateralmente por el PP con pretextos poco creíbles (Mañueco adivinó la conspiración contra él mirando a los ojos de sus adversarios), es como hacer un pan de obleas. O sea, centrismo hacia abajo y ultraderecha hacia arriba. Cierto que Ciudadanos puso de su parte. Digamos que lo mataron sus propios errores y el PP lo remató.
Un escenario político con el centro deshabitado es un excelente caldo de cultivo para los enfrentamientos, las trincheras y el guerracivilismo hibrido. Leña al fuego en la guerra de los “hunos contra los otros” (Ay, don Miguel). Baja la pulsión centrista y sube la tentación populista, de la que ya estábamos bien servidos. Gasolina a la hoguera de la polarización, en fin. Y eso es malo a escala regional y nacional. Incluso europea, donde no faltarán quienes asocien la marca del PP a las tendencias autoritarias de los amigos de Vox en la UE.
Todo eso resume la interpretación más generalizada del recuento electoral del 13 de febrero. Sin embargo, el PP, señalado como culpable por pasar de lo malo a lo peor, explica lo inexplicable. Dice el candidato a repetir como presidente, Fernández Mañueco, que el acierto de la decisión desencadenante de este desenlace (disolución apresurada de las Cortes) es que los conjurados para derribarlo (PSOE, Podemos y C’s) sucumbieron en las urnas del domingo pasado. Y se instala en la voluntarista propuesta que se le ha ocurrido para garantizar la estabilidad política en Castilla y León: “gobernar con todos”.
Es la frase enlatada a la que se recurre para convencernos de que no piensa encamarse con Vox. Los números son imperativos en este caso. El ejercicio del poder está reñido con la inestabilidad. Y en este caso la estabilidad es imposible sin la complicidad de Vox o del PSOE.
No da la impresión de que ninguna de estas dos fuerzas esté por la labor de facilitar a Mañueco ninguna fórmula de gobierno en solitario. O sea, ninguna que no pase por el gobierno de coalición con VOX o con el pactado apoyo parlamentario de los trece procuradores del emergente partido de Santiago Abascal.