Cuando Leopoldo Calvo Sotelo estrenó su despacho en el Palacio de La Moncloa, tras la dimisión de Adolfo Suárez, el golpe de Estado de Tejero y su investidura definitiva, un capitán de fragata le entregó la llave de una caja fuerte que estaba escondida dentro de un armario, detrás del sillón presidencial. Nadie, tampoco el propio Adolfo Suárez le había informado de ello. Cuando intentaron abrirla no pudieron porque faltaba la combinación y nadie en el Palacio parecía saberla. ¿Estaban guardados allí todos los secretos de la transición, las razones de la dimisión de Adolfo Suárez, las informaciones sobre los entresijos del golpe de Estado, la traición de Armada, el papel del Rey, informaciones confidenciales sobre el aparato del Estado? ¿Dónde sino iban a estar?

Calvo Sotelo, que cuenta esta anécdota en su libro “Memoria viva de la Transición”, llamó al ministro del Interior y poco después un funcionario de ese departamento -se supone que no fue un recluso experto en abrir cajas fuertes- llegó al despacho y forzó la caja fuerte. Dentro había una sola cuartilla doblada. Calvo Sotelo se sentó, la abrió y la leyó con perplejidad. El papel contenía una breve fórmula algebraica con números y letras: la combinación de la caja fuerte. Eso era todo. Cuando, cada vez más cerca, un nuevo inquilino sustituya en La Moncloa a Pedro Sánchez, ¿Qué se encontrará en la caja fuerte? ¿Cuántas hipotecas que pagar y con qué interés? ¿Cuántos acuerdos ya en marcha que no se podrán desmontar? ¿Cuántos contratos -suyos o de su mujer- con cláusulas que obligan a todos los españoles y que afectan a empresas públicas o privadas? ¿Cuántos pactos secretos con partidos como Bildu, que ya se han cobrado ayuntamientos como el de Pamplona y que han sido blanqueados por el PSOE de Pedro Sánchez? ¿Cuántas trampas para tapar la corrupción de tantos Koldos? Todo eso no cabe en una caja fuerte, se necesita todo el Palacio.

Nunca en la historia de nuestra democracia un presidente del Gobierno se había atrevido a utilizar en su provecho personal a la Abogacía del Estado para querellarse contra un juez no por una cuestión sustantiva del proceso sino por una providencia que está pendiente de un recurso y sin que sea evidente que la investigación sea una cuestión relacionada con su cargo. La degradación de las instituciones desde el poder continúa imparable. Zapatero ya le dijo a Rajoy un día en el Parlamento que “usted no se atreverá a desmontar todo lo que nosotros hemos aprobado”. Y así fue con muchas leyes y por eso, además de por otras razones, nació Vox y nacen otros partidos aún más prescindibles.

ERC, el partido político que gobernaba en Cataluña perdió las elecciones por su mala gestión y por decisión mayoritaria de los ciudadanos. Hoy ha sido premiado por Sánchez sólo para lograr mantenerse en el poder. El presidente de todos los españoles ha comprometido ya la Hacienda pública para Cataluña, la condonación de 15.000 millones de su deuda, un cuerpo diplomático propio, presencia institucional en organismos internacionales, selecciones deportivas “nacionales”, el control de los puertos y aeropuertos y de las fronteras y de las políticas de inmigración, el refuerzo de una educación excluyente, la salida próxima de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y, en cuanto sea posible, un Poder Judicial propio y controlado por ellos. Y todos los secretos que aun no sabemos que ha pactado.

Parece claro que el sillón –el suyo y el de los que le mantienen en él- vale más que la dignidad y la conciencia. En febrero de 1981, el Estado estaba desprotegido. Ahora, si no fuera por la independencia de los jueces, también.