El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, observa un incremento del número de quejas sobre escolarización de alumnos en el primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años). "Este problema, que antes estaba presente de una manera más puntual, actualmente tiende a aumentar y a agravarse por la precarización creciente de la situación social y económica de las familias", advierte en su Informe anual, correspondiente a 2021.

Según la institución, las quejas recibidas se deben a dos motivos fundamentales: por un lado, la actual situación de crisis económica, que ha llevado a las familias a dejar de requerir dicho servicio de atención socioeducativa en los centros privados, y por otro, la inexistencia de oferta educativa, tanto pública como privada, en su localidad de residencia.

"Resulta imprescindible para facilitar la incorporación de los padres a la vida laboral que las administraciones implicadas asuman el compromiso de ampliar la oferta pública de estos servicios educativos para avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente en las zonas rurales en las que el sistema público tiene un mayor peso que el privado debido al retraimiento de la oferta privada", considera el Defensor.

La institución, dada la trascendencia del asunto para "muchas familias afectadas por la falta de plazas escolares en sus municipios de residencia", considera "imprescindible en defensa de la escuela pública que (...) las distintas administraciones coordinen sus actuaciones, en sus respectivos ámbitos de competencias, para lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en la Ley Orgánica de Educación".

INSUFICIENTES PLAZAS PÚBLICAS DE FP
Por otro lado, el Defensor se refiere en su Informe a la "insuficiente oferta de plazas de formación profesional en centros públicos", subrayando como "única solución posible" establecer "una adecuada planificación de la oferta pública que permita dar respuesta a una demanda que en las últimas décadas ha ido aumentando de forma considerable". "Este asunto merece toda la atención de esta institución", asevera.

El Defensor del Pueblo asegura que desde hace años viene realizando actuaciones ante las quejas de los ciudadanos que trasladan su preocupación ante la insuficiente oferta de puestos escolares de formación profesional en centros sostenidos con fondos públicos.

Si bien admite que se ha producido un aumento del número total de plazas ofertadas en los últimos cursos académicos, también considera que "este incremento no ha sido suficiente para atender la creciente demanda existente", lo que aumenta el riesgo de abandono del sistema educativo y así de exclusión social, cuando los estudiantes no pueden realizar estos estudios en el sector privado por falta de becas y ayudas.

En el mes de septiembre, tras conocer los datos publicados en diferentes medios de comunicación sobre el número de alumnos no admitidos en estas enseñanzas profesionales, el Defensor inició de oficio una actuación ante la Generalitat de Cataluña y la Comunidad de Madrid, al objeto de poder disponer de datos oficiales sobre los resultados del proceso de admisión de alumnos en ciclos formativos, y conocer las previsiones realizadas para adecuar a corto y medio plazo la oferta de plazas de formación profesional a esta creciente demanda, así como de conocer el alcance del sistema de becas para el estudio de formación profesional en centros privados autorizados.

Según el Defensor, ambas administraciones coinciden en que, tradicionalmente hay ciclos formativos muy demandados, pero con menor índice de inserción laboral, contrariamente a lo que ocurre en otros ciclos, sobre todo del sector industrial, con un alto grado de inserción laboral donde quedan plazas vacantes.

Para la institución, eso exige "revisar periódicamente la oferta educativa de formación profesional, atendiendo básicamente a criterios y variables tanto de demanda como de inserción laboral y características de los centros educativos".