La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal conformada por ciudadanos ucranianos que, apoyados por un matrimonio ruso y su hijo, robó dinero en efectivo y joyas por valor de 1,2 millones de euros a sus compatriotas refugiados por la invasión de Rusia. Están acusados de instalar sistemas de geolocalización en los vehículos de las víctimas para luego acceder a sus viviendas en las provincias de Alicante y Murcia.

En total se han acreditado siete robos por valor de 1.250.000 euros, algunos de ellos perpetrados a plena luz del día, y se ha logrado recuperar dinero, joyas, ordenadores y hasta una colección de sellos sustraída en una vivienda de El Pilar de la Horadada (Alicante) valorada en medio millón de euros.

Así lo ha indicado este viernes la Guardia Civil en una rueda de prensa en Alicante, en la que han participado la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, el teniente coronel jefe de la Comandancia de Alicante, Francisco Poyato, el teniente coronel jefe de la Policía Judicial e Información, Antonio Darder, y el jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, Juan Antonio Gómez.

La operación 'Goverla-Sur' se inició a mediados de 2022 y se ha saldado con diez detenidos, todos de nacionalidad ucraniana excepto un matrimonio y su hijo de nacionalidad rusa, que era quien facilitaba los vehículos al grupo criminal para realizar seguimientos y trasladarse a los domicilios de los refugiados ucranianos. Entre los siete ucranianos arrestados, dos residían en España y otros dos tenían solicitada la protección temporal, a causa de la guerra de Ucrania.

Los investigadores tuvieron conocimiento el año pasado de robos con fuerza en viviendas de los municipios alicantinos de Torrevieja y Orihuela Costa. Siete de los arrestados --seis ucranianos y un hombre ruso-- han ingresado en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela, que también ha ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias y se han embargado bienes por valor de 240.000 euros.

Rutinas

El 'modus operandi' del grupo delictivo --todos hombres y una mujer-- consistía en estudiar las rutinas de sus víctimas, que tenían un elevado poder adquisitivo, para lo que realizaban seguimientos y utilizaban sistemas de geolocalización del tipo baliza que instalaban en los vehículos de los refugiados.

Una vez conocían sus movimientos, accedían a las viviendas empleando ganzúas para abrir las cerraduras sin causar daños y sin dejar apenas rastro. Los miembros de la banda practicaban antes de los robos, utilizando cerraduras que compraban con el objetivo de perfeccionar su destreza.

Los coches que empleaban para los robos sirvieron a la Guardia Civil para encontrar una conexión entre los diferentes delitos. Los agentes descubrieron que los vehículos que se encontraban alrededor de los domicilios robados pertenecían al mismo propietario, a pesar de que el modelo de coche iba cambiando.

Se trataba de un ciudadano ruso, junto con su mujer y su hijo, quienes facilitaban la labor para los robos prestando los coches. La familia tenía una treintena de vehículos a su nombre, que han sido intervenidos judicialmente.

Los robos en viviendas se cometieron seis en Alicante --en las localidades de Orihuela Costa, Torrevieja, Catral, Guardamar del Segura y Pilar de la Horadada-- y uno en Murcia --en San Pedro del Pinatar--. Los investigadores han realizado siete registros --en diferentes viviendas de Torrevieja--, interviniendo 92.700 dólares americanos y 92.065 euros, así como piezas de joyería y complementos de alto valor como relojes, bolsos, perfumes, gafas, teléfonos móviles y ordenadores y tabletas electrónicas.

También se han intervenido elementos de geolocalización con los que controlaban a las víctimas e inhibidores de frecuencia para anular los sistemas de alarma, herramientas y juegos de ganzúas utilizadas para acceder a las viviendas.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Alicante y el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) Levante de la Unidad Central Operativa (UCO). La investigación continúa abierta y no descartan nuevas detenciones o la localización de más víctimas.