Una denuncia anónima llegada al correo electrónico contra la trata de la Policía Nacional que alertaba del riesgo de suicidio de una mujer víctima de explotación sexual destapó la red de prostitución asentada en un chalet y un piso de las localidades madrileñas de Leganés y Móstoles.

Así lo ha revelado a EFE este viernes el jefe del Grupo VI de la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades (UCRIF), Tomás Santamaría, quien ha liderado una investigación de unos tres meses que se ha saldado con la detención de los diez componentes del entramado sexual y la liberación de seis de las víctimas.

La citada información, llegada al correo trata@policia.es, puso en marcha la investigación, a la que se sumó una segunda denuncia interpuesta en Murcia por una mujer que aseguraba haber sido explotada por el mismo entramado, del que había logrado escapar.

Los agentes lograron recabar el testimonio de la víctima en riesgo de suicidio y de la denunciante en Murcia, lo que situó las pesquisas sobre un chalet ubicado en Leganés y un piso de Móstoles.

Numerosas vigilancias y otras pesquisas constataron que el citado chalet contaba con un sistema de vídeo-vigilancia con el que el entramado controlaba los accesos y los movimientos de las mujeres explotadas en el interior.

De hecho los clientes tenían que hacer una llamada de teléfono antes de llegar a la vivienda para ser monitorizados por las cámaras de seguridad antes de que una de las responsables del negocio les abriera la puerta.

Las víctimas no tenían llaves del chalet y sólo podían abandonarlo acompañadas cuando eran trasladadas a otros lugares para realizar servicios.

VIVÍAN HACINADAS EN UN SÓTANO

El pasado 13 de junio los agentes llevaron a cabo los registros en los dos inmuebles de Leganés y Móstoles, donde lograron liberar a seis víctimas de explotación sexual, aunque calculan que prestaba servicio una veintena.

Lo que más impactó a los policías, según destaca el responsable de la investigación, fue el "contraste" entre la pulcritud de las dos plantas del chalet donde se recibía a los clientes y se realizaban los servicios, y el sótano del domicilio, donde las mujeres vivían "hacinadas" en literas, con humedades y sin ventilación.

UN SISTEMA DE MULTAS

Los responsables del entramado habían creado un sistema de multas para las víctimas en caso de que no limpiasen el resto de estancias de los inmuebles o de que se negasen a consumir estupefacientes durante los servicios.

Este consumo había llevado a algunas de ellas a una grave dependencia de drogas como la cocaína.

La ganancia por cada servicio, unos 60 euros, se repartía por la mitad entre los explotadores sexuales y las víctimas aunque éstas debían pagar con ese dinero las sustancias que consumían y otros gastos, por lo que finalmente se embolsaban unos 15 euros.

Los diez miembros de la organización fueron detenidos el pasado día 13 como presuntos autores de los delitos de prostitución, contra la salud pública, abusos sexuales e infracción de la ley de extranjería.

Además fueron arrestadas doce mujeres por tráfico de drogas e infracción de la ley de extranjería al estar en situación irregular en España.