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viernes | 29 noviembre | 2024
El Gobierno aprobó este jueves una línea de ayudas de 465 millones de euros para la renovación del parque automovilístico dañado por la DANA que contempla ayudas directas de hasta 10.000 euros en el caso de los electrificados o de 5.000 euros para los de combustión o híbridos.
Este plan Reinicia Auto, que forma parte del tercer paquete de ayudas anunciado el miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por importe de 2.274 millones de euros para hacer frente a los efectos de la DANA en Valencia, busca reponer turismos, furgonetas, camionetas ligeras y motos de los afectados.
Para ello, se contemplan dos categorías, una para el acceso a vehículos nuevos y otra para los de segunda mano o usados de hasta tres años, según explicó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo tras el Consejo de Ministros.
Para la compra de vehículos nuevos las ayudas ascienden a 10.000 euros en el caso de los electrificados y a 5.000 euros para los de combustión o híbridos. Para los de segunda mano los importes serán de 4.000 y 2.000 euros, respectivamente, en función de cada una de las dos categorías.
En el caso de las ayudas para motos, el importe será, en el caso de las nuevas, de 2.000 euros para las eléctricas y de 1.000 para las de combustión e híbridas. Por lo que respecta a las de segunda mano, las cantidades fijadas son de 1.000 y de 500 euros.
Además, se incluye una ayuda de 1.000 euros en los casos de situaciones de movilidad reducida, que se suman a los tres millones de este paquete para mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.
Por otro lado, el ministro avanzó que dentro de las ayudas para la reposición del parque, se pagaron ya 3.500 vehículos siendo la indemnización promedio abonada por el Consorcio de Compensación de Seguros de 7.810 euros por vehículo, dependiendo de su antigüedad.
Con todo ello, explicó Cuerpo, se pretende mejorar y completar las ayudas recibidas del Consorcio de Compensación de Seguros a los afectados para asegurar la renovación del parque dañado o que desapareció lo más pronto posible.
La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, insistió en que las ayudas directas no hay que devolverlas y tachó de mentira las declaraciones que apuntan a ello. De hecho, de los más de 16.000 millones movilizados, más de 10.000 son ayudas directas que no hay que reembolsar.
En este sentido, la ministra agregó que tampoco se están cobrando intereses por los créditos y que el aval es de carácter gratuito para los bancos.
Por otro lado, el Consejo de Ministros también aprobó un nuevo paquete de ayudas directas al sector cultural valenciano afectado por la DANA por valor de más de dos millones de euros dirigidas a la música y las artes escénicas y visuales de esa comunidad.
Este tercer paquete de medidas se suma a las ayudas específicas para las salas de cine y librerías, y a la línea adicional para la reactivación del sector anunciada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la Comisión de Cultura del Congreso el 14 de noviembre.
Entre las medidas de apoyo al sector cultural están las ayudas directas, por valor de un millón de euros, dirigidas a entidades del ámbito de las artes escénicas y la música cuya actividad se haya visto afectada y que hayan sufrido daños materiales en sus bienes. La cuantía máxima de cada ayuda será de 25.000 euros que sufragarán los gastos de funcionamiento para la recuperación de la actividad, realizados desde el 28 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025.
Además, El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo, dio luz verde medidas en materia laboral y de prevención de riesgos relacionados con el cambio climático y catástrofes. La norma contempla la modificación del Estatuto de los Trabajadores para incluir un nuevo permiso retribuido, el “permiso climático”, que blinda el derecho a no acudir al trabajo en caso de catástrofes o alertas climáticos.
Los trabajadores dispondrán de permisos remunerados de hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acceder al mismo.
Los convenios colectivos tendrán que adoptar planes preventivos y los representantes sindicales podrán acordar paralizar la actividad.
