El Gobierno relaciona el descenso de la natalidad en España con un “cambio social” que “responde a decisiones personales” y que, de esta manera, se sitúan “en un ámbito decisor ajeno a la intervención de los poderes públicos”.

“En este marco, el Gobierno considera que este cambio social responde a decisiones personales de los ciudadanos y que se sitúan en un ámbito decisor ajeno a la intervención de los poderes públicos, por lo que la actuación del Gobierno tiene como objetivo garantizar la cohesión territorial y social, y asegurar una provisión de recursos y servicios equitativa y justa en todo el territorio, con independencia del lugar de residencia de los ciudadanos”, subrayó.

Así lo explica el Ejecutivo de Pedro Sánchez en una respuesta por escrito en respuesta a una pregunta registrada en el Congreso por el grupo parlamentario de Vox.

En su respuesta, el Gobierno, ofrece los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan una caída de más de 100.000 nacimientos en una década –pasando de 454.648 en 2012 a 329.251 en 2022–, y un retraso en la edad de maternidad ya que el número de nacimientos de madres de 40 o más años creció un 27,9 por ciento en los diez últimos años.

Tras citar estos datos del INE, el Ejecutivo señala en su respuesta que “los profundos cambios producidos en las últimas décadas en la estructura económica española han generado los inevitables cambios en la estructura social y, necesariamente, han modificado el comportamiento individual y colectivo de la población española, lo que ha afectado a las tasas de natalidad y fecundidad, que han experimentado sensibles descensos”.

Tendencia generalizada

Además, precisa que “este proceso de cambio social no es exclusivo de España” y asegura que estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas o el Banco Mundial, ponen de relieve “la intensidad y coincidencia de estos cambios en los diferentes Estados; hasta el punto de que la tendencia se van extendiendo gradualmente a otras regiones geográficas conforme se va generalizando el desarrollo económico y se modifican las estructuras sociales conocidas durante décadas, con un relevante descenso del crecimiento natural de la población”.

Ante esta situación, el Gobierno expone que, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se está desplegando “una política transversal” para hacer frente al reto demográfico, que, “por una parte, apunta a distintos desafíos de carácter demográfico que deben abordarse de forma conjunta, como son la despoblación, los procesos de envejecimiento, la masculinización de determinadas zonas, la disparidades entre territorios o la evolución de la fecundidad”.

Por otra parte, añade que “requiere de una respuesta en distintas dimensiones, que garantice en todo caso la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, con especial atención a las mujeres y a colectivos que presenten mayor vulnerabilidad, como pueden ser los menores o las personas mayores”.

En ese sentido, dentro de las iniciativas para mejorar la cohesión social y territorial que se vienen desplegando, el Ejecutivo apunta que se abordan ejes relacionados con “la mejora de las condiciones de vida en las zonas en declive demográfico, aumentando las oportunidades en estos territorios, teniendo en cuenta medidas relacionadas con la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la intensificación de las medidas de conciliación y corresponsabilidad, junto a la consolidación y refuerzo de los servicios relacionados con la crianza”, en el marco de sus competencias.