Las órdenes de protección para víctimas de violencia de género descendieron un 6,5% en 2024, una contracción que se observó en todas las comunidades y que preocupa a las expertas por cuanto solo una de cada seis denuncias por maltrato tuvieron como resultado esta protección.

El año 2024 terminó con 199.094 denuncias por violencia de género y con la concesión judicial de 33.247 órdenes de protección, el 16,69% de esas denuncias. En 2023, esa tasa fue del 17,84%, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

El año pasado se concedieron 2.314 órdenes menos que en 2023, 33.247. Se solicitaron 49.268 (en una de cada cuatro denuncias), de las que se adoptaron el 67,48% (frente al 69,9% de 2024). 

En algunas autonomías, como Madrid y Cataluña, este porcentaje ni alcanzó el 50%. También fueron menos las órdenes solicitadas (las concede un juez, pero previamente tienen que pedirlas la defensa de la víctima o la Fiscalía), un 3% por debajo de las del año  2023. 

Se pidieron menos (3%) y se concedieron aún menos (6,5%), una señal de alarma, según juristas consultadas.

La abogada Altamira Gonzalo expresó su preocupación ante estas estadísticas porque, explicó, “la orden de protección es la garantía de la no reiteración de la actividad delictiva, es la garantía para la mujer agredida que ha puesto la denuncia de que no la van a volver a maltratar porque el Estado la va a proteger”.

Las juristas feministas vienen alertando de “la cicatería en la concesión de órdenes de protección”, que puede tener resultados mortales: “Cada año está subiendo un poco el porcentaje de mujeres asesinadas que habían denunciado, este es el grandísimo fracaso”, aseveró Gonzalo.

La también abogada y directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, confirmó “una tendencia de que cada vez menos mujeres están protegidas por la orden de protección y también que desciende el número de solicitudes”. 
“Si crecen las denegaciones de órdenes de protección, todo el contexto de operadores jurídicos se ajusta al hecho de que sino me la van a dar, no la solicito. Hay que hacer un llamamiento recordando que la orden de protección es un derecho de las víctimas y que si no se solicitan no se conceden”, resaltó Soleto.