La decisión del Consejo de Ministros del 25 de julio de aprobar un acuerdo para asignar al Ministerio de Defensa, en colaboración con el de Industria, Energía y Turismo; el de Economía y Competitividad, y el de Hacienda la responsabilidad de la “planificación, dirección, control y ejecución de las políticas necesarias para el fortalecimiento del sector industrial de la defensa” ha provocado un importante revuelo entre los trabajadores de Navantia y sus representantes sindicales, así como en los partidos de la oposición. Entienden que se trata de una “injerencia” que podría limitar las posibilidades de desarrollo de la compañía pública a la actividad militar.
El Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, lo desmiente y precisa que el acuerdo consiste en que Defensa transmitirá “criterios concretos para la aplicación de estas políticas a los órganos que tengan encomendado el ejercicio de los derechos de socio en las sociedades mercantiles con participación pública estatal del sector de la defensa”. Recuerda también que la titularidad de los derechos económicos continúa en manos de Hacienda a través de la SEPI.

¿En qué cambiará la relación del Ministerio de Defensa con respecto a los astilleros públicos? ¿Qué podrá hacer ahora que no hacía antes?
El acuerdo tiene como objeto poner bajo la tutela del Ministerio de Defensa, en colaboración con otros tres departamentos, la protección y potenciación de un sector estratégico crítico para la propia seguridad nacional como es de la industria de defensa. Este acuerdo va a permitir a Defensa trabajar en pro de una industria de defensa mejor dimensionada, más viva tecnológicamente, más competitiva internacionalmente y menos vulnerable a la amenaza de ser absorbida por los jugadores extranjeros. Para ello es necesario contar con empresas competitivas, fuertes y con proyección internacional, tanto en el ámbito civil como militar, y Navantia ha de ser una de ellas. El Ministerio está volcado y comprometido en este fin. En este sentido, el acuerdo del Consejo de Ministros es una herramienta que facilita la implantación de una política industrial coherente, con visión integral y orientada a la potenciación del sector.

¿Cómo se traslada eso a Navantia?
Un primer ejemplo de ello será la nueva serie de programas tecnológicos vinculados a la F-110, paso previo imprescindible antes de abordar el programa de construcción. Desde el Ministerio estamos trabajando para lanzar estos programas en los próximos meses con una doble perspectiva: desarrollar sistemas de última generación que, por una parte, cumplan los requisitos de nuestra Armada y que, por otro lado, permitan a las compañías que participen, entre ellas Navantia, alcanzar un nivel tecnológico adecuado para su participación en futuros programas de construcción y, cómo no, en proyectos orientados al mercado internacional.

¿Supondrá este cambio tener más peso en el consejo de administración de la SEPI y de Navantia?
El acuerdo no cambia el porcentaje de participación pública en las empresas ni el titular de las acciones, ni tampoco la configuración de la representación en los consejos de administración. Esto significa que el Gobierno seguirá teniendo el mismo peso en las empresas del sector de defensa en las que participa y que lo ejercerá tan sólo en esas empresas, y por tanto también en Navantia, a través del Ministerio de Defensa en colaboración con los demás ministerios.

Partidos y sindicatos consideran que esta decisión podría marginar a la construcción naval civil en los astilleros públicos de la ría de Ferrol...
El Ministerio de Defensa no va a definir las actuaciones de Navantia en el sector civil. La actividad civil en una Navantia fuerte y competitiva redundará en beneficio de la compañía y por tanto en beneficio de la defensa.

¿Se está negociando a nivel europeo la constitución de un grupo naval potente, capaz de competir en los concursos internacionales con otras economías más poderosas en estos momentos –EEUU, China –?
En este momento no existe ningún plan de integración europea del sector naval militar que esté siendo evaluado por el Ministerio. Es cierto que desde el Consejo Europeo de diciembre la Comisión está avanzando en una hoja de ruta para la potenciación y consolidación del sector industrial europeo de la defensa, pero en el ámbito naval no hay ninguna actuación ni propuesta sobre la mesa. n