El relevo de Alberto Ruiz Gallardón por Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia ha supuesto una cierta calma en los profesionales del sector, después de meses de protestas y reclamaciones. Abordamos este y otros temas con la decana del Colegio de Abogados de Ferrol, Nieves Santomé Couto, que también es la presidenta del Consello da Avogacía Galega.
La Justicia parece muy calmadia desde que hubo cambio de ministro. ¿A qué se debe?
El cambio en el Ministerio de Justicia abrió la puerta a la esperanza del diálogo y el consenso, que Gallardón había cerrado, pero eso no significa conformidad con la situación actual. Sin ir más lejos, nos continua indignando la existencia todavía de unas tasas judiciales desproporcionadas e injustas, que impiden el acceso a la justicia a muchos ciudadanos, privándoles así de un derecho constitucional. Seguimos solicitando y apoyando reformas legislativas que corrijan o subsanen deficiencias en la regulación actual de nuestros procedimientos, que contemplen nuevas realidades y que actualicen nuestras instituciones. Y nos seguimos manifestando contra la expulsión de extranjeros sin trámite ni garantía alguna, las llamadas expulsiones en caliente, y contra todas aquellas situaciones, actuaciones o reformas legislativas que conllevan flagrante quiebra de derechos fundamentales.
¿Cómo están los grandes temas que dejó pendientes Gallardón y qué novedades se prevén?
Son muchos los textos legislativos que se encuentran en tramitación, si bien en fases diferentes, y que habrá que abordar: Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Reforma del Codigo Penal, Ley de Enjuiciamiento Civil, de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Fundaciones, Jurisdicción Voluntaria, Código Mercantil y Ley de Servicios y Colegios Profesionales, entre otras, aunque es probable, teniendo en cuenta su número y entidad, que no puedan ser concluidas todas ellas antes de finalizar la presente legislatura. En todo caso, confiamos en que lo que se haga sea con el necesario diálogo y consenso pues no solo a ello se comprometió expresamente el ministro de Justicia, Sr. Catalá, sino porque es la única forma de servir adecuadamente y bajo el principio del buen gobierno al interés de los ciudadanos, fortaleciendo, al tiempo, nuestro Estado de derecho.
¿Hay posibilidades de que se revisen las tasas?
La revisión de las tasas fue prometida por el ministro Catalá, pero lo cierto es que ya han transcurrido dos meses desde que hizo publico su compromiso y continuamos esperando, como seguimos a la espera de la resolución por parte del Tribunal Constitucional de los recursos de inconstitucionalidad, alguno de ellos presentado hace ya más de año y medio. Se trata de una demora que resulta inexplicable tratándose de un asunto de interés general y que contradice su propia doctrina. Y no podemos olvidar que cada día que pasa con las tasas en vigor es un día en el que muchos ciudadanos pueden haberse visto privados, de forma irreparable, del acceso a los Tribunales, a la justicia ordinaria.
¿Cómo está el tema del Registro Civil?
Está pendiente y, teniendo en cuenta el reciente dictamen del Consejo de Estado, es probable que sufra más retraso del que el Gobierno había previsto con la aprobación en su día de los proyectos legislativos a los ya se habían opuesto muchos colectivos jurídicos .
¿Y qué va a pasar finalmente con los partidos judiciales?
El ministro Catalá prometió que se respetarían. Confiemos en que ello sea así y que Ferrol y comarca continúen como hasta ahora siendo un partido judicial autónomo e independiente . Y con más número de juzgados, porque realmente se necesitan, y uno de ellos, al menos, con competencia en materia mercantil.
¿Cómo están funcionando los juzgados de Ferrol?
El exceso de trabajo y la limitación de personal y de recursos materiales se deja notar, como en la mayor parte de los juzgados de España. No obstante, en términos generales, aunque en alguno de ellos los retrasos en señalamientos y resoluciones son importantes, los juzgados de Ferrol tienen un funcionamiento muy aceptable y algunos especialmente bueno.
Entrando ya en el terreno personal, es usted la primera mujer que preside el Consello da Avogacía Galega. ¿Cómo compagina esa responsabilidad con el Decanato de Ferrol y con el trabajo en su despacho?
Es para mí un un honor y una responsabilidad y no puedo menos que agradecerles a todos la confianza que han depositado en mí y que espero no defraudar, pero el título de pionera, aun siendo la primera mujer en ocupar estos cargos, no es a mí a quien corresponde ostentarlo, sino a todas aquellas mujeres que en el ejercicio de la profesión nos precedieron, en unas épocas y en un tiempo en el que esta actividad estaba reservada solo a los hombres. Esas fueron las verdaderas pioneras. A la hora de compaginar el trabajo no sería posible sin contar en el Consello con la ayuda del secretario técnico y con la colaboración del resto de los decanos de Galicia; sin contar con la de los compareños de la Junta de Gobierno en el Colegio de Ferrol, y sin la inestimable y generosa ayuda de mis compañeros de despacho. Pero aun así, he de reconocer que son muchos los sábados y festivos que tengo que convertir en días hábiles y de trabajo. Y ello tampoco sería posible si no tuviera la suerte y fortuna de contar con la comprensión y el incondicional ánimo y cariño de mi familia y amigos.
¿Cómo está funcionando el Colegio de Abogados de Ferrol?
El Colegio tiene actualmente 363 colegiados ejercientes, de los que 337 son del partido judicial, y 320 no ejercientes. Continuamos con nuestras actividades de formación y actualización que organizamos solos o en colaboración con otras instituciones, como Colegios Profesionales y la Universidad, pero también con nuestro empeño en modernizar y adaptar nuestros servicios a las nuevas exigencias y demandas de la profesión, tratando de prestar una mayor y mejor atención a nuestros colegiados, sin olvidar tampoco a la ciudadanía.
¿Cómo está la profesión actualmente?
Es un momento duro para la profesión, que, al contrario de lo que mucha gente piensa, se ve muy directamente afectada por la situación económica actual, que en nuestra ciudad continúa siendo de una especial dureza, pero también por los continuos cambios o anuncios de cambios legislativos que provocan incertidumbre, desasosiego y, a veces, cierto desánimo en los profesionales. Es obligación institucional seguir luchando y defendiendo, como se ha hecho hasta ahora, nuestros derechos y los de la ciudanía con solidaridad, con generosidad pero también con energía y rigor. No me cabe la menor duda de que con el esfuerzo de todos saldremos adelante. Una abogacía fuerte es una garantía para el estado de derecho y para la defensa de los derechos de los ciudadanos.