Son mariscadores furtivos, sí, pero lo son por “pura necesidad”. Sin acceso a ayudas sociales de ningún tipo y con escasas posibilidades de conseguir un trabajo que les permita estabilizar su situación personal y familiar, un numeroso grupo de personas que faena, en no pocos casos desde hace más de una década, en algunos de los bancos marisqueros de la ría –en este caso el de O Couto– sin permiso de explotación, ha querido salir a la palestra para denunciar la “violencia” con la que actúan los agentes que integran los operativos contra el furtivismo, que se han intensificado en las últimas semanas.
Estos vecinos de Ferrol, que mañana marcharán desde Caranza hasta la plaza de Armas para pedir una reunión con el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey, insisten, en primer lugar, en que no son delincuentes y que si van a la marea no es ni para enriquecerse ni para quitarle el trabajo a nadie, sino, subrayan, “para poder darle de comer a nuestras familias”.
Además, contraponen el “trato” que reciben en los operativos –aseguran, entre otras cosas, que se les han lanzado pelotas de goma, que reciben porrazos mientras intentan huir y que les incautan los neoprenos obligándoles a volver a sus casas, de noche y en pleno invierno, con un chubasquero de plástico– a su “carácter pacífico”. “Nosotros”, explican, “no le estamos robando a nadie, no hemos agredido a nadie, no tenemos nada que ver con lo que está pasando en Mugardos, y tampoco tenemos ningún problema con los mariscadores legales”.  
A lo que no están dispuestos, recalcan, es a “quedarse en casa y ver cómo nuestros hijos pasan hambre, porque darles de comer no es un delito”.
En ese sentido, recuerdan que la Constitución consagra los derechos a un trabajo y a una vivienda dignos, principios que “evidentemente no se cumplen”.
La diputada socialista Beatriz Sestayo ya se ha reunido con ellos y se ha comprometido a llevar su problema al Parlamento de Galicia.