Los recortes de personal y de recursos públicos en el área de Traballo e Benestar de Ferrol y comarca fueron denunciados ayer en la manifestación convocada por el comité de empresa de la Consellería y secundada por sindicatos –CIG,UGT, CCOO, CSIF–, partidos políticos –PSOE, BNG,   EU, AGE–, entidades vecinales, colectivos sociales y ciudadanos en general, que de una u otra manera se ven afectados por lo que consideran un recorte en calidad asistencial.
Las pancartas con mensajes como “En defensa dos servizos sociais públicos” y “Polo mantemento do cadro de persoal público” fueron seguidas por más de 200 personas, entre las que se encontraban las diputadas autonómicas Beatriz Sestayo –PSOE– y Yolanda Díaz –AGE– o alcaldes como Julio Iglesias –Ares– o Secundino García –San Sadurniño–.
Todos ellos corearon lemas relacionados con los recortes del gobierno autonómico y central y en defensa de los servicios públicos frente a las privatizaciones.
La manifestación, que partió a las ocho de la tarde del edificio administrativo de la Xunta, discurrió por la calle Real hasta la plaza de Armas, donde se procedió a la lectura de un manifiesto en defensa de los servicios sociales de Ferrolterra.
El comité de empresa de Traballo e Benestar llamó la atención sobre los colectivos a los que están afectando las nuevas políticas económicas, “os máis vulnerables, maiores, infancia, adolescencia, as distintas clases de dependencia e persoas en risco de exclusión social”. Los “ataques” a los servicios públicos  se tradujeron en nombres propios  de centros de Ferrol. Así, se hizo un repaso por la situación de esta área, comenzando por la segregación del centro de educación especial Carmen Polo en el Terra de Ferrol y Souto de Leixa, que llevó, afirman, “ao despedimento de traballadores cualificados e merma da calidade asistencial pois nunca é posible facer máis con menos e sacar beneficios ao mesmo tempo”. También se denunció la “supuesta reunificación” del Soutomaior y el Virxe do Carme en el Complejo de Atención a Menores de Ferrol “co peche e baleiramento do Soutomaior para non saber moi ben agora a que destinar o edificio, e o abandono da atención a menores cunha nova unidade de convivencia e potenciando a atención aos menores desprotexidos”. A esto se une el desmantelamiento del servicio que se prestaba en la Oficina de Valoración de Dependencia “alonxando o órgano que asigna as residencias, centro de día ou coidador e tratando a situación persoal como un frío expediente administrativo”. Las “quendas abusivas e non cobertura dos postos” deterioran, apuntan desde el comité, la situación laboral en centros como la residencia de Caranza o el CAMF-Imserso, dependiente en este caso del Ministerio de Sanidad.
Las críticas no se limitaron al gobierno de la Xunta sino también al municipal y al central, todos ellos en manos del PP.
Las reivindicaciones se harán oír de nuevo en el pleno mensual del Concello de Ferrol, donde está prevista la defensa de una moción en esta línea, propuesta por PSOE, BNG y EU. n