En los 115 años de historia de la Cámara de Comercio de Ferrol ha habido 19 presidentes. El penúltimo, Xoán Gato Díaz, dimitió a finales de 2012 con la entidad en una situación calamitosa y su sucesora Ana Prego se marchó un año después con lo que quedaba del pleno. El órgano empresarial celebra hoy su aniversario sin gobierno, con una deuda que supera ampliamente los dos millones de euros, con una plantilla mermada a la que se le adeudan seis nóminas, sin ingresos, sin línea telefónica y con un aviso de corte de luz para dentro de unas semanas.
En este complicado escenario y cuando la gestora creada el 20 de febrero únicamente ha logrado cerrar el plazo de inscripción en el censo de cara a la convocatoria de elecciones, irrumpe la largamente esperada Ley de Cámaras con nuevas normas. Según el texto todas las empresas de la demarcación serán adscritas de oficio y sin cuota a la Cámara, mientras que el procedimiento que ahora se contempla es dar voto a las aproximadamente 200 empresas que están dadas de alta.

Validez
Ante esta situación, se encienden las alarmas acerca de si los comicios podrían celebrarse y carecer a la postre de validez, prolongando todavía más la agonía de los trabajadores. Quedan en la entidad ocho empleados, cuatro de ellos en situación de baja, a los que se les adeudan cinco mensualidades y una paga extraordinaria y que desde el pasado mes de enero no tienen línea telefónica, y por tanto tampoco acceso a internet.
Son casi una anécdota los servicios que en estas circunstancias puede seguir prestando la Cámara a los empresarios. Todo apunta a que la entidad ferrolana podría quedarse por primera vez en 2014, después de más de veinte años, sin participar en el plan Foexga de fomento de las exportaciones, por la misma razón por la que ya no se ha podido inscribir la entidad en el programa Innocámaras, lanzado para toda la red cameral y en el que algunas firmas de la zona tenían interés. Las subvenciones no se cobran mientras no se paga a los proveedores.

acreedores
Y las deudas son cuantiosas con muchos de ellos. La Seguridad Social, agencias de viajes, profesionales que acudieron a impartir programas de formación, servicios técnicos y la compañía eléctrica forman parte de la lista de acreedores de la Cámara de Comercio de Ferrol, encabezada por el Ministerio de Industria, que le reclama la devolución de 1,9 millones de euros –más los intereses– del crédito que en su día le facilitó para la construcción del edificio de servicios múltiples que quedó a medias en el puerto exterior de Caneliñas.
La falta de ingresos, por la supresión de la cuota cameral, es la causa de la grave crisis que atraviesa la Cámara de Ferrol y otras entidades homólogas. La nueva legislación, que se ha hecho esperar cuatro años, establece que estas entidades deberán vivir de los ingresos que generen por los servicios que presten, por las rentas de su patrimonio, los donativos y las aportaciones voluntarias que hagan las empresas o las entidades comerciales.
A tenor de lo inicialmente previsto, la gestora creada por la Dirección Xeral de Comercio, órgano tutelante de las cámaras de comercio, debería hacer la convocatoria de elecciones en el próximo mes de junio. De no variar la situación, lo hará a la luz de las velas. n