El responsable de Salud Laboral de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, José Rodríguez Valdés, instó ayer a las administraciones públicas a asumir y desarrollar el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Trabajo con amianto en la renovación energética” con el objetivo de que este material cancerígeno –la principal fuente de cáncer profesional en Europa– no solo se cense, sino que también se retire.

Rodríguez Valdés, que dirigió una jornada para afiliados y delegados, advirtió de que, pese a los avances en el ámbito sanitario, es necesario “realizar un esfuerzo” en la identificación de este material, puesto que, según sus cálculos, en el Estado español todavía hay más de tres millones de toneladas instaladas que, explicó, “están deteriorándose”, con el consiguiente “aporte de fibras al medio ambiente”. “Ya no es solo el riesgo de las personas que trabajaron en la construcción, en el naval o como ferroviarios a lo largo de su vida”, apuntó, “sino que cualquier persona, sin relación alguna con estas actividades, podría inhalar las fibras y ocasionarle un grave perjuicio a la salud.

Participación
“Todavía queda moito amianto” reunió a más de medio centenar de personas, entre las que se encontraban José Lage, secretario comarcal de Pensionistas de Ferrol; Carlos Mella, secretario general de la Federación de Pensionistas de Galicia, y Roi Fernández, responsable de Saúde Laboral del Sindicato Nacional de Galicia. Precisamente este último incidió en que el amianto es un “problema de saúde pública”, sobre todo porque con el final de la “vida útil” de este material llegará su deterioro y desintegración para convertir “a calquera persoa que camiñe pola rúa nun potencial afectado”. “Y mucha veces”, apostilló Valdés, está oculto, por lo que no es suficiente con evacuarlo, sino que hay que destruirlo para evitar que el problema se traslade a las generaciones del futuro”.

La utilización masiva del amianto desde mediados del siglo pasado estuvo apoyada en su versatilidad, su abundancia y su bajo coste. Ese contacto continuo y generalizado en diversos sectores económicos hizo enfermar a muchos trabajadores, que en el año 2003 consiguieron, con la presión social, poner en marcha un programa de vigilancia clave para la detección precoz de dolencias graves. “Ha sido y es”, apuntó Valdés, “una herramienta fundamental que posibilita una detección temprana y, por lo tanto, mejores expectativas”. 

El experto recordó que la OMS define el amianto como un cancerígeno del primer grupo, “es decir”, explicó Valdés, “cuyos efectos no dependen de la cantidad o el volumen de producto que se inhale”. Cabe recordar que en el caso del sector naval, por ejemplo, se han detectado casos de personas afectadas por el hecho de manipular o lavar los buzos de trabajo de sus parejas. 

Rodríguez Valdés recordó también que en estos momentos hay en el Estado más de 60.000 personas en tratamiento, “de las cuales”, precisó, “más del 80% son extrabajadores”.