La Audiencia Provincial de Lugo ha declarado “la nulidad” de las declaraciones efectuadas por el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), Francisco Fernández Liñares, después del 23 de septiembre de 2011, aunque no las actuaciones previas ni los demás “actos procesales” que figuran en la causa contra él por prevaricación y cohecho.

El abogado que se ocupa de la defensa Fernández Liñares había solicitado esta mañana en la vista oral “la nulidad de absolutamente todo el proceso” al considerar que su patrocinado estuvo “privado de libertad de forma irregular”.

En el momento de las cuestiones previas, en el juicio que se está siguiendo por prevaricación y cohecho contra Fernández Liñares en la Audiencia Provincial, el letrado Evaristo Nogueira dijo “todas las declaraciones” realizadas por Fernández Liñares ante la jueza instructora “fueron realizadas en una situación de privación de libertad irregular”.

De hecho, afirmó que su patrocinado “declaró cuatro veces”, la primera de ellas “sobrepasado, y no por poco, el límite de 72 horas” establecido por la ley para “una detención judicial”.

Desde su punto de vista, se ha producido “un atentado contra el derecho a la libertad”, porque no ha existido “una resolución judicial amparada en derecho” para enviarlo a prisión, de donde salió por orden de la propia Audiencia Provincial.

“En un proceso penal hay unas líneas rojas que no se pueden traspasar. Aquí se han traspasado”, dijo Nogueira, porque “no es igual declarar en situación de libertad” que privado de ella “en un centro penitenciario”.

“No es lo mismo declarar de una forma que de la otra”, añadió el letrado, quien también precisó que “no todo vale”.

En ese sentido, Nogueira le pedía a la sala que fuese “especialmente garantísta”, porque “si las normas jurídicas se aplican de forma defectuosa, tiene que tener su consecuencia”.

Finalmente, la sala ha declarado la nulidad de las declaraciones efectuadas por Fernández Liñares una vez superado el período máximo de detención.

En todo caso, no queda anulado ”lo actuado anteriormente” en la causa ni tampoco los demás “actos procesales” que figuran en el procedimiento.

Por su parte, el expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) y exconcejal de Urbanismo de Lugo, Francisco Fernández Liñares, dijo a las puertas de la Audiencia Provincial de Lugo sentirse “esperanzado” ante el inicio del juicio por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho durante su etapa al frente del organismo de cuenca.

Fernández Liñares, para quien el ministerio Fiscal solicita una pena de cinco años de cárcel, llegó a la Audiencia Provincial acompañado por su abogado y, a preguntas de los periodistas, dijo sentirse “bien” y “esperanzado” con respecto al resultado del juicio.

La vista oral por esta causa, una pieza separada de la Operación Pokemon, que fue instruida por la jueza Pilar de Lara, se prolongará durante el resto de la semana, dado que está previsto que finalice el viernes -día 26 de febrero-.

La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que Fernández Liñares se aprovechó de su cargo como concejal, entre los años 1999 y 2008 para “tejer una red de intereses económicos, concediendo contratos, puestos de trabajo o bien la gestión de servicios públicos a entidades en las que el acusado estaba interesado”, a cambio “de sobornos o de cantidades periódicas con las que incrementó notablemente su patrimonio”.

Sin embargo, el ministerio público también aclara que las “irregularidades” cometidas durante “su mandato como concejal” no “son objeto de investigación” en el procedimiento que será juzgado a partir de mañana en la Audiencia Provincial de Lugo, dado que se centra en los supuestos “actos delictivos” cometidos durante el “período de tiempo en el que el sospechoso ejerció” como presidente de la CHMS, concretamente entre los años 2009 y 2012.

Desde su cargo como presidente de la CHMS, Fernández Liñares siguió con las mismas prácticas que había desarrollado en sus años como edil del Ayuntamiento de Lugo, en el gobierno municipal que presidía José López Orozco, de modo que, según las conclusiones del ministerio público, aprovechó su puesto para adjudicar contratos a cambio de dinero o favores.

La Fiscalía mantiene que el sospechoso utilizó el procedimiento negociado, previsto para contratos con un importe inferior a un millón de euros, para tejer una trama con varios empresarios, que simulaban presentar ofertas cuando, en realidad, se repartían entre ellos las adjudicaciones, que suman unos cuarenta contratos en los años que Fernández Liñares estuvo al frente del CHMS.

En el proceso, de hecho, figuran otros nueve procesados -diez en total- para quienes el ministerio fiscal solicita la misma pena de cárcel.