El Gobierno recurrirá finalmente la sentencia sobre el Pazo de Meirás que reconoció el derecho a los herederos de Francisco Franco a ser resarcidos en los gastos en los que incurrieron desde 1975, tras la muerte del dictador, para conservar el edificio.

Pese a que el Ejecutivo, tras conocer esa sentencia, avanzó que no la recurriría fundamentándose para ello en motivos estrictamente jurídicos, este martes ha anunciado que sí lo hará.

Un cambio de criterio que justifica en que la Abogacía del Estado ha realizado un estudio detallado de los fundamentos de la sentencia y observa errores de interpretación o alteraciones sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda.

Así, señala que la sentencia afirma erróneamente que la Administración General del Estado había reconocido en su demanda la buena fe de los herederos del dictador y de ahí se extraen una serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad.

"La eventual corrección de estos errores y la necesaria interpretación del Tribunal Supremo permitirán sentar con claridad y precisión las bases para la posterior liquidación del estado posesorio", ha asegurado el Gobierno en un comunicado en el que ha anunciado el recurso de casación.

Fue el pasado 12 de febrero cuando la Audiencia Provincial de A Coruña declaró que el Pazo de Meirás y las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado tras el recurso presentado por los herederos de Franco.

No obstante, les reconoció el derecho a ser indemnizados por los gastos de conservación.

Aunque el Gobierno subraya que ese fallo era favorable a sus principales pretensiones, el estudio detallado por parte de la Abogacía del Estado ha llevado a decidir finalmente la presentación del recurso.