La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental dependiente del Ministerio de Transición Ecológica resuelve que el desmantelamiento de la central térmica de Endesa en As Pontes se lleve a cabo mediante un procedimiento de evaluación ambiental ordinario y no simplificado. Así lo recoge la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) de ayer que argumenta esta decisión en base a una previsión de “efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”.

En esta misma línea, y así se recoge en la resolución del BOE, ya se habían manifestado en el período de alegaciones tanto la Xunta a través de los diferentes departamentos afectados como el Concello de As Pontes indicando que la actuación debía ser sometida a una evaluación ambiental ordinaria, con la consiguiente elaboración del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. llegando a indicar la administración local que “el hecho de que As Pontes sea la central térmica con más potencia de España, así como su proximidad a viviendas habitadas, confieren a la instalación una especial sensibilidad desde el punto de vista ambiental”, según recoge el BOE.

De esta forma, y en base a las numerosas alegaciones presentadas no solo por el Concello, contrario a un trámite simplificado, si no también la Xunta que alegó incidencia sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y afectación especialmente al río Eume; sobre el aire, la biodiversidad, espacios protegidos y la Red Natura 2000 o incluso sobre el patrimonio cultural, el Ministerio resuelve que el proyecto «Desmantelamiento de los grupos 1, 2, 3 y 4 de la central termoeléctrica de As Pontes” se someterá a una evaluación de impacto ambiental ordinaria para lo que requiere a la compañía eléctrica el pertinente informe de impacto ambiental.

Fuentes de la empresa avanzaban ayer que ya se está redactando el documento solicitado que “tratarán de agilizar en lo posible”. Y es que una de las consecuencias de la decisión del adoptada por el Ministerio de Transición Ecológica es la demora en el comienzo las actuaciones de desmantelamiento, estimadas inicialmente para el próximo mes de noviembre y que como poco, este nuevo trámite –una vez presentado el informe de impacto ambiental habrá que someterlo a información pública durante un mes para que las partes afectadas puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas– retrasará tres meses.

Por otra parte, cabe recordar que el pasado mes la empresa llegó a un acuerdo con los transportistas del carbón y los empleados de las auxiliares con los que se comprometió a darles prioridad en la contratación de los trabajos de desmantelamiento si levantaban el bloque al que tenían sometida la central. Una carga de trabajo que en este nuevo escenario podría retrasarse hasta el próximo año.